Hay jinetes de luz en la hora oscura
Javier Morillas | 03 de junio de 2017
En mayo de 2016, la Conferencia Episcopal Española, CEE, firmó el convenio con la organización Transparencia Internacional. De esta forma y a través de su Oficina de Transparencia, la CEE se encargaba públicamente de velar por el cumplimiento de los 10 compromisos clave que marca esta entidad sin ánimo de lucro respecto a los estándares internacionales de apertura informativa y transparencia.
Entre dichos compromisos, el Portal de Transparencia facilita el acceso a la información económica y organizativa de la CEE, así como cualquier información que pudiera ser relevante o de interés para la sociedad.
De hecho, entre enero y marzo deberá publicar los fondos de la Asignación Tributaria recogidos por la «X» de los contribuyentes que eligen colaborar con la Iglesia a través de sus declaraciones de renta, IRPF.
Y en junio deberá hacer público el informe económico correspondiente, detallando el destino de dichos fondos tributarios en la llamada «Memoria Anual de Actividades», con información de lo realizado por las distintas instituciones de la Iglesia en todos y cada uno de sus ámbitos, sea el educativo, asistencial, cultural o de otro tipo, incluyendo los estudios que cuantifican el impacto que suponen estas actividades en la sociedad.
En España y, con carácter general, es la Ley de Mecenazgo la que marca el régimen fiscal de la Iglesia. Este es común para las ONG´s de ayuda al desarrollo, federaciones deportivas, fundaciones -incluyendo las de los partidos políticos-, así como cualquier entidad de utilidad pública y todas las confesiones religiosas con acuerdos con el Estado.
En España, la Iglesia mantiene más de 22.000 parroquias, 865 monasterios, 800 centros para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, 616 santuarios, 264 guarderías, 68 hospitales y 57 ambulatorios.
Y la Iglesia paga su Impuesto de Sociedades, que declaran las diócesis y más de 22.000 parroquias, tributando por todos los ingresos no exentos. La Iglesia paga el IVA en todas sus compras, sin derecho a «repercutir» el mismo descontándolo del «IVA soportado», lo que implica un ingreso de 60 millones de euros anuales a la Hacienda Pública española. La Iglesia paga a la Seguridad Social 14 millones de euros en cotizaciones sociales de los sacerdotes y religiosos, que cotizan por el Salario Mínimo Interprofesional; más 20 millones de euros de las cotizaciones que ingresa por los laicos que trabajan en sus parroquias y diócesis; y ello sin contar a los trabajadores de hospitales, colegios, residencias y de otras de sus múltiples actividades, que suponen un monto bastante superior. La Iglesia paga IBI, salvo en los bienes en que está exenta de hacerlo de acuerdo con la Ley de Mecenazgo y como el resto de entidades incluidas en esta ley. Paga a los Ayuntamientos las tasas municipales correspondientes a basuras, impuesto sobre vehículos, vados y otros.
El último estudio de KPMG estima en 22.620 millones de euros la contribución al PIB de los llamados Bienes de Interés Cultural, BIC, de la Iglesia, incluyendo los de impacto directo (11.170 millones de euros), el inducido (6.450 millones) y el indirecto (5.000 millones) y contribuyendo a la creación de más de 160.000 puestos de trabajo directos, más 37.800 de empleo inducido y 27.500 indirectos. Es decir, un total de 225.300 puestos de trabajo, lo que convierte a la Iglesia española en un gran dinamizador de la economía española con miles de millones de euros de contribución a las arcas públicas a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y los diferentes impuestos.
Y los aproximadamente 2.600 centros concertados existentes permiten un ahorroal Estado que se ha calculado en unos 2.800 millones de euros. Y el hecho de mantener abiertos y operativos los centros de interés cultural que tiene la Iglesia ha sido estimado por otros estudios en un 2,5% del PIB de España
Y es que, a pesar de la campaña que desde determinados medios y partidos políticos se está realizando contra la Iglesia, un total de 7.347.612 contribuyentes marcaron la «X».
El 81 por ciento de lo recaudado (unos 199 millones de euros) se envía a las propias diócesis para contribuir a su sostenimiento. Y el 19 por ciento restante, unos 52 millones, se destina a muy distintos fines, que van desde el pago ya referido de la Seguridad Social de los sacerdotes, reformas y mantenimiento de sus templos y edificios, pasando por las actividades pastorales nacionales y en el extranjero, Cáritas, Universidad Pontificia de Salamanca, San Dámaso y otras facultades eclesiásticas, así como centros de Roma y Jerusalén, o Ayudas por IVA a la rehabilitación o construcción de templos.
Pero el incuestionable papel de la Iglesia católica en la historia, la cultura, la pintura, la escultura, la música y el arte de España trasciende a todo ello, lo mismo que en el resto del mundo occidental. Y lo mismo que en Grecia, donde por cierto goza de todas las atenciones y reconocimientos prioritarios y especiales del Gobierno radical de Tsripas, al contrario que sus homólogos de Podemos en España, empeñados en no asumir la historia completa de España. Más bien en reescribirla.
Y lo más importante en el terreno económico de cara al futuro es el potencial de inversión productiva que tiene ese gran patrimonio histórico-artístico y cultural, único en el mundo, creado por la Iglesia en España y que bien conoce el P. Silverio Nieto, artífice del Plan de Catedrales, Iglesias y Ermitas, pendiente de completarse. Ese patrimonio de los centenares de monasterios, capiteles, retablos, dinteles, cuadros y obras de arte susceptibles de reconstrucción, con nichos de empleo cualificado y artesanal inéditos. Con un efecto multiplicador susceptible de apoyar la diversificación y desestacionalización de nuestro sector turístico, dinamizando el turismo interior y rural, capaz de reequilibrar territorial y socialmente el país dándole un nuevo recorrido y complemento al tradicional de sol y playa.
Pero, sin duda, la mayor contribución de la Iglesia a la sociedad española son los aspectos extraeconómicos: los intangibles que genera desde la esfera de los valores y la aportación espiritual que presta la Iglesia a lo largo y ancho de todo el país. Como en todo el mundo occidental. James Buchanan, el premio Nobel de Economía, argumentaba por qué era bueno pagar a los predicadores. En España lo es, desde cualquier punto de vista.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.