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El repunte de la inflación, otro motivo para acelerar la reforma del sistema de pensiones

Con el repunte de la inflación, fruto de la recuperación económica, el poder adquisitivo de las pensiones comienza a decaer. Organismos como el Fondo Monetario Internacional piden a España reformas profundas que garanticen la continuidad del sistema. 

Una vez más, los organismos internacionales vuelven a alertar a España sobre desequilibrios en su economía. En esta ocasión, se trata de una institución tan poco sospechosa de recomendar políticas heterodoxas y de defensa del gasto público como el FMI, que previene al actual Ejecutivo nacional de la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas en los próximos años, como consecuencia del aumento previsto de la inflación, si no se modifica el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).

Desde el año 2014, el incremento de las pensiones se fijó en el 0,25%, en función del citado IRP; y, en un contexto de crisis económica por insuficiencia de demanda agregada en el que el crecimiento de los precios era tan bajo que incluso llegó a ser negativo, una revalorización positiva, por menuda que esta fuera, redundaba en un poder adquisitivo mayor. Sin embargo, con la incipiente recuperación económica, la inflación está recuperando sus habituales cotas positivas y, de mantenerse esta situación, los pensionistas verían disiparse una gran parte del poder adquisitivo que ahora poseen.

El propio FMI propone algunas soluciones para revertir esta situación, al tiempo que apela a los partidos políticos para que busquen una solución de consenso en el conocido Pacto de Toledo. No obstante, al menos los dos principales partidos políticos de España parecen lejos del acuerdo, ya que, mientras el PSOE es partidario de indiciar las pensiones para evitar esa mencionada pérdida de poder adquisitivo, ligando los incrementos al aumento de la inflación, el PP prefiere mantener el actual sistema de una subida del 0,25% anual, a pesar de que, según sus propios cálculos, la inflación en España crecerá un, 1,2% en 2017, un 1,6% en 2018, un 1,7% en 2019 y un 1,8% en 2020. De hecho, según el organismo presidido por Christine Lagarde, esta tesitura podría prolongarse durante décadas, ya que, atendiendo al objetivo de inflación del 2% marcado por los propios estatutos del Banco Central Europeo, de aquí al año 2050 los pensionistas podrían llegar a ver esfumarse hasta un 30% de su poder adquisitivo actual.

Algunas de las recomendaciones técnicas del propio Fondo, más allá de las consideraciones de carácter político, son restringir los supuestos que dan derecho a percibir una pensión, eliminar la base de cotización máxima, abonar las pensiones de viudedad y orfandad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (aunque advierte de las consecuencias negativas que la contrapartida de esta medida acarrearía, al aumentar el déficit de las arcas públicas) y, sobre todo, la contratación de planes de pensiones privados para complementar los públicos. Urge, por tanto, llevar a cabo las reformas necesarias e introducir los estímulos adecuados para la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, además de asegurar un nivel de vida digno a sus perceptores, tal y como se refleja en el artículo 50 de la Constitución.

Ciertamente, en un contexto de crisis en el que muchos desempleados debían retornar al colchón económico que les ofrecía la protección familiar, las pensiones han desempeñado un relevante papel no solo económico, sino de cohesión social. Tras haber superado lo peor de esta etapa, la responsabilidad de nuestros gobernantes en el impacto que sobre la vida de los ciudadanos tiene uno de los pilares del Estado de Bienestar es máxima. Europa (y, por tanto, España) es un continente cada vez más envejecido. Mientras no se pongan en práctica políticas de fomento de la natalidad, buscar la manera de que nuestros mayores (una parte creciente de la población) contribuyan también al crecimiento económico a través del consumo pasa por la búsqueda de un modelo pactado y duradero en el tiempo. Solo así podremos hacer frente a un problema intergeneracional que, como tal, no entiende de cambiantes remedios a corto plazo.

Escrito por

Doctor en Ciencias Económicas por la USP CEU. Profesor de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, EUDE.​ Especialista en proyectos de integración económica y acuerdos comerciales internacionales.

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