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Manuel Llamas | 01 de agosto de 2018
La huelga de taxis que se ha desencadenado a nivel nacional ha colapsado el centro de varias ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, con todo el perjuicio que ello supone para el sector turístico y la normal movilidad de los residentes, al tiempo que se han registrado violentos ataques contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y sus trabajadores. El principal objetivo de los taxistas es simple: eliminar la gran mayoría de VTC que operan legalmente en España bajo licencia, cuyo número ronda actualmente los 7.100, para, de este modo, quitarse a esta incómoda competencia de encima con el fin de blindar su histórico y arcaico monopolio en el ámbito del transporte urbano.
El origen de la actual protesta radica en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió hace escasos días el reglamento municipal que se sacó de la manga el pasado junio la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para prohibir Uber y Cabify. La podemita se saltó la ley a la torera al imponer a los VTC la necesidad de obtener una segunda licencia para poder operar en la Ciudad Condal, estableciendo, además, que, en ningún caso, la cifra de autorizaciones vigentes pudiese superar la ratio de una VTC por cada 30 taxis. La Justicia, como no podía ser de otra forma, anuló esta aberración jurídica, ya que la competencia en materia de licencias VTC pertenece al Estado y, en su caso, a las autonomías, no a los ayuntamientos, y, además, vulnera de forma flagrante el derecho a la libre competencia. La reacción del gremio, sin embargo, no se hizo esperar, desatando la actual huelga de taxis.
#licencias La sección 3 sala contenciosa-administrativa del @tsj_cat mantiene suspensión entrada en vigor reglamento de @bcn_ajuntament sobre transporte de la Corporación Metropolitana x el q presentó recurso Comisión Nacional Competencia x vulneración derechos libre competencia
— TSJCat (@tsj_cat) July 27, 2018
Los argumentos de los taxistas contra la existencia de VTC son, básicamente, tres: exigir el cumplimiento de la ley, que impone la famosa ratio de una VTC por cada 30 taxis; la supuesta evasión de impuestos que llevan a cabo este tipo de plataformas tecnológicas; y la intolerable especulación que se produce en torno a estas licencias. El problema es que la versión que ofrecen los taxistas a la opinión pública sobre tales cuestiones poco o nada tiene que ver con la realidad.
En primer lugar, el sector demanda que se aplique la ratio 1/30, según la cual solo puede existir una VTC por cada 30 taxis. Y es que, efectivamente, hoy por hoy, esta proporción es de 1/10 (7.000 VTCs por cerca de 70.000 taxis), pero lo que no dicen los taxistas es que la ley se ha cumplido escrupulosamente. En concreto, el gremio se agarra al Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, donde se reintroduce la ratio 1/30, y al Real Decreto-ley 3/2018, que eleva esa limitación a rango de ley, ambas aprobadas por el PP, para reclamar que se cumpla esa condición. Pero los taxistas se olvidan de explicar que ese límite afecta, única y exclusivamente, a las “nuevas autorizaciones”. Es decir, a las licencias concedidas a partir de 2015, no a las anteriores, puesto que, con carácter general, las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo si resultan lesivas para los afectados -en este caso, los VTC-.
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La clave del asunto es que en 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se liberalizó el sector de VTC mediante la aprobación de una ley ómnibus impuesta por Bruselas, eliminando así las restricciones existentes hasta la fecha para obtener una licencia de estas características. El origen de la polémica ratio 1/30 está en el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) de 1987 y su posterior desarrollo, y lo que hizo el PP fue recuperarla posteriormente, pero entre 2009 y 2015 no hay limitación alguna. Así pues, todas las licencias VTC concedidas durante esos años son legales, tal y como ha dictaminado el propio Tribunal Supremo, y, por tanto, no se pueden suspender ni anular.
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En cuanto al argumento de los impuestos, el taxi alega que Uber y Cabify operan a través de paraísos fiscales, pero tampoco es cierto. La sede central de Uber en Europa está en Holanda, mientras que Cabify tributa aquí el 100% de la actividad que realiza en España. Ambas compañías están al corriente de sus obligaciones fiscales y cumplen con la ley vigente, puesto que, de lo contrario, ya habrían sido sancionadas. Aunque lo más curioso es que los VTC pagan muchos más impuestos que los taxistas. Así, mientras que los primeros tributan por todos los viajes que realizan (sistema de estimación directa), los segundos se acogen al régimen de estimación objetiva, lo cual les permite pagar hasta 9 veces menos al Fisco haciendo un volumen similar de kilómetros al año.
Fuente: UNAUTO
Y, por último, pero no menos importante, no hay mayor especulación que la del taxi. No en vano, el precio de las licencias se disparó por más de tres durante la burbuja y no ha dejado de aumentar en las últimas décadas, gracias a que su número se ha mantenido congelado e incluso se ha reducido, a pesar del aumento de la población y la masiva llegada de turistas.
Oferta y demanda. A la izquierda, evolución del número de licencias de taxi en el área metropolitana de Barcelona. A la derecha, evolución del valor de mercado de la licencia comparada con la del IBEX en el mismo período. pic.twitter.com/k34fHfzbiV
— Luis Garicano (@lugaricano) July 29, 2018
La huelga de taxis, por tanto, no tiene justificación alguna. El objetivo de los taxistas es blindar su monopolio cargándose a la competencia mediante la coacción, la violencia y el chantaje. Si lo consiguen, todos saldremos perjudicados con precios más caros y un peor servicio.
Economía
Ana Samboal
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.