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Huelga de taxis: un chantaje inaceptable para blindar un monopolio arcaico

Un parón que no es tal, pues se trata de un cierre patronal, y que está prohibido por ley. La huelga es no ir a trabajar, no asediar ni agredir a otros trabajadores. Esta oleada de protestas tiene un responsable claro: el Ministerio de Fomento.

La guerra del taxi contra Uber y Cabify continúa tras años de disputas y tensiones. La nueva huelga de taxis llevada a cabo en Madrid y Barcelona no es más que un nuevo intento de acabar con la competencia por parte de un gremio arcaico y monopolístico, valiéndose del chantaje y la violencia en las calles con el único fin de doblegar a los legisladores, en contra incluso de lo que dicta la legalidad y el Estado de Derecho.

Lo primero que cabe decir al respecto es que esta oleada de protestas es responsabilidad, única y exclusivamente, del Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial, del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El taxi, que siempre ha actuado cual potente lobby para secuestrar al regulador, aprovechó de inmediato la llegada del PSOE al poder para organizar otra huelga masiva en contra de las plataformas tecnológicas durante el pasado verano.

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La presión logró sus frutos, ya que Ábalos, finalmente, decidió delegar en comunidades autónomas y ayuntamientos la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), posibilitando incluso la exigencia de una segunda licencia a nivel local, lo cual es un absoluto despropósito, tal y como bien acaba de denunciar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De este modo, el gremio del taxi, gracias a su enorme capacidad para colapsar el centro de las ciudades, podría forzar con facilidad a las administraciones regionales y locales para borrar de un plumazo a la competencia mediante la imposición de absurdas trabas y condiciones imposibles de cumplir.

Dicho y hecho. La Generalitat ha terminado por establecer un período de precontratación de hasta una hora a las VTC, lo cual les impediría operar con normalidad, razón por la que Uber ya ha anunciado que abandonará Cataluña, mientras que Cabify admite que serán expulsados del mercado.

El próximo objetivo a batir es Madrid. La huelga de taxis, sin embargo, no es tal. Para empezar, porque se trata más bien de un cierre patronal, lo cual está prohibido por ley. Además, para manifestarse es necesario solicitar las correspondientes autorizaciones sin que se permita, en ningún caso, cortar carreteras o colapsar el tráfico sin previo aviso, tal y como vienen haciendo los taxistas.

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Y, por si fuera poco, una huelga consiste en no ir a trabajar, no en asediar ni agredir a otros trabajadores, que es lo que hacen con los clientes y conductores de VTC. No, la huelga de taxis no es una huelga al uso, sino una simple y mera extorsión de un pequeño grupo bien organizado que emplea a la población a modo de rehén en beneficio de sus intereses particulares.

Por otro lado, sus reivindicaciones son injustas y, por tanto, inaceptables desde todos los puntos de vista. La ratio de una VTC por cada treinta taxis (1:30) que tanto insisten en pregonar ya se cumple en España, puesto que, desde finales de 2015, momento en el que el anterior Gobierno del PP recuperó dicho límite, las administraciones no conceden nuevas licencias de VTC.

Lo que no dice el taxi, sin embargo, es que este mercado estuvo completamente liberalizado entre 2009 y 2015, período durante el cual no existió ningún tipo de umbral máximo, razón por la que los jueces, incluido el Tribunal Supremo, han validado todas las licencias existentes.

Los permisos de VTC en circulación son, pues, perfectamente legales, de modo que su anulación, ya sea explícita o torticera -como acaba de hacer Cataluña por la puerta de atrás-, será calificada por los juzgados como una expropiación a todos los efectos, con el pago del consiguiente justiprecio.

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La prohibición de las VTC en España obligaría a las administraciones a desembolsar cerca de 4.000 millones de euros a los legítimos propietarios de estas licencias, una factura colosal que, como todas, sería sufragada, en última instancia, por el sufrido contribuyente.

Y lo peor es que, con independencia de cuál sea el coste directo de este atropello, el daño que sufriría la economía española a medio y largo plazo sería muy superior. Por un lado, porque mantener el monopolio del taxi se traducirá en precios más altos y un peor servicio para millones de usuarios, pero, sobre todo, porque España se convertiría en una auténtica anomalía a nivel internacional.

Garantizar la libre competencia, única salida a la huelga de taxis

Las plataformas tecnológicas como Uber y Cabify operan a lo largo y ancho del planeta y, muy especialmente, en los destinos turísticos. Impedir el uso de estas aplicaciones trasladaría un mensaje nefasto a empresas e inversores internacionales: España da la espalda a la revolución tecnológica.

La única salida razonable a la huelga de taxis es garantizar la libre competencia, que sean los usuarios los que elijan cómo moverse por la ciudad, así como facilitar la reconversión de un sector rancio y obsoleto mediante la negociación de un sistema de compensación por el cual los taxistas puedan desprenderse de sus licencias, a cambio de una mayor o menor cuantía económica en función de su antigüedad. Todo lo que no sea una solución similar a la descrita condenará a España al ostracismo tecnológico en materia de transporte urbano de viajeros.

Imagen de portada: Varios taxis escoltados por la Policía Nacional en la estación de Atocha, en Madrid | Agencia EFE
Escrito por

Periodista. Redactor jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Miembro del Instituto Juan de Mariana. Máster en Periodismo por la USP CEU-El Mundo.

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