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El fraude de las pensiones públicas en España y la posibilidad de jubilarse siendo millonario

Cada vez más voces alertan de la insostenibilidad del actual sistema de pensiones en España. La crisis demográfica se une a problemas estructurales que derivarán en una grave pérdida de poder adquisitivo si no se lleva a cabo una profunda reforma. 

Las últimas advertencias de los expertos acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones han levantando ampollas entre los sindicatos y la mayoría de partidos en España, incluido el PP, ya que, a diferencia de las mentiras y engaños que pregonan los políticos de turno sobre esta espinosa cuestión, la triste realidad que depara a los jubilados es que perderán poder adquisitivo de forma progresiva, mientras que los futuros pensionistas se verán obligados a aportar más para, a cambio, cobrar menos que en la actualidad.

Por un lado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avanza que las pensiones subirán, como mucho, un 0,25% al año hasta 2022, el umbral mínimo que establece la ley, debido al gran déficit que registra la Seguridad Social. Esto significa que, en caso de que la inflación media oscile entre el 1,5% y 2% anual, las pensiones bajarán entre un 7% y un 10% durante el próximo lustro. Y esto tan solo es el principio, puesto que, tal y como también alerta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente informe sobre la economía española, urge seguir prolongando la vida laboral y apoyarse en planes de pensiones privados para garantizar la viabilidad del actual modelo de reparto a largo plazo.

Políticos y sindicalistas insisten en negar la mayor, arguyendo que se trata de un mero problema coyuntural de ingresos y que, de hecho, es posible volver a vincular las pensiones al IPC e incluso derogar las dos reformas aprobadas en los últimos años, como, por ejemplo, propone Podemos. La desvergüenza e irresponsabilidad de este tipo de argumentaciones, sin embargo, no puede ser mayor, por varios motivos.

En primer lugar, porque la Seguridad Social funciona, por definición, como un fraude que está tipificado en el Código Penal, solo que dicho delito se circunscribe única y exclusivamente al sector privado, no al público. El modelo de reparto vigente en España reproduce, en la práctica, el esquema Ponzi, una estafa piramidal que consiste en captar nuevos partícipes (cotizantes) para abonar las jugosas rentabilidades prometidas a los incautos que ya han caído en la trampa (pensionistas). El famoso financiero Bernard Madoff está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos por un fraude de similar naturaleza al que comete el Estado con la Seguridad Social. Los cotizantes no aportan ni un euro para su futura pensión, ya que ese dinero va destinado íntegramente a abonar las prestaciones de los actuales jubilados, de modo que las pensiones futuras dependerán de los ingresos que generen los futuros trabajadores.

La despoblación del mundo rural

Y el problema aquí es que el dinero no alcanza para cumplir con los compromisos que han efectuado los políticos en materia de pensiones a lo largo del tiempo. No es la primera vez que sucede ni será la última. La Seguridad Social ha quebrado (incumplimiento de promesas) varias veces en las últimas décadas, y prueba de ello es que a principios de los años 80 el sistema tan solo exigía 10 años cotizados para cobrar el 100% de la pensión, apenas tenía en cuenta los 2 últimos años cotizados para calcular el importe de la prestación y establecía la edad legal de jubilación en 65 años. En la actualidad, por el contrario, se precisa un total de 37 años para cobrar el 100%, la cuantía se calcula sobre los últimos 25 años cotizados y la edad de jubilación ha subido a 67. Hace 30 años, todos los políticos habrían negado y desmentido hasta la saciedad las actuales condiciones del sistema, al igual que hacen hoy acerca del desolador escenario que se cierne sobre los jubilados presentes y, especialmente, futuros.

La crisis demográfica agrava el problema

A corto plazo, el principal problema estriba en que la fuerte destrucción de empleo sufrida durante la crisis, sumada al creciente número de jubilados y al cobro de pensiones medias cada vez más altas, se ha traducido en una brecha que hoy ronda los 30.000 millones de euros al año, entre ingresos y gastos. Esta es la razón por la cual el Gobierno ha tenido que tirar de la denominada hucha de las pensiones, hasta el punto de casi agotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y tener que recurrir a préstamos extraordinarios -vía deuda pública- para abonar en tiempo y forma todas las prestaciones. Y, aunque muchos digan lo contrario, el fallo aquí no es por falta de recaudación, puesto que las cotizaciones sociales rondarán los 110.000 millones de euros este año, un nivel similar al que existía antes de la crisis, sino por exceso de gasto, con cerca de 140.000 millones presupuestados para 2017, un 40% más que en 2008.

El déficit de la Seguridad Social es tan grave que, según el factor de sostenibilidad incluido en la última reforma, las pensiones no solo no deberían subir un 0,25%, sino que su cuantía tendría que bajar más de un 3% este año y algo menos los siguientes para rozar el equilibrio presupuestario en el horizonte de 2022, según la propia AIReF. Pero es que a largo plazo la situación es, si cabe, mucho peor. Como el sistema depende, en última instancia, de la entrada de nuevos cotizantes, el fuerte declive poblacional que sufrirá España en las próximas décadas afectará de forma muy sustancial a la sostenibilidad de las pensiones. El progresivo envejecimiento demográfico (la esperanza de vida al nacer ha subido de 77,1 años en 1991 a más de 83 en 2015) y la baja tasa de natalidad harán que la pirámide poblacional adopte una forma invertida, de modo que el número de cotizantes y de pensionistas tenderá a converger de aquí a 2050. Es decir, el sistema pasará de tener dos afiliados por jubilado a tan solo uno.

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Pirámide de población que muestra las perspectivas de envejecimiento en España | INE

¿Consecuencia? Las pensiones tenderán a bajar con el paso del tiempo. En concreto, si, hoy por hoy, los españoles se jubilan con el 80% del último salario percibido, este porcentaje caerá al 50% a mediados de siglo, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, según las estimaciones de la OCDE y la Comisión Europea. No es una cuestión ideológica, sino puras y simples matemáticas. Así pues, España debe escoger entre dos modelos: o bien mantener en pie una fórmula anacrónica y marginal a nivel internacional como es el actual sistema público de reparto, por el cual los españoles estarán condenados a pagar más y a trabajar durante más tiempo para, a la postre, cobrar mucho menos durante su retiro; o bien, avanzar hacia una lógica y sensata capitalización de las pensiones, ya sea total o parcial, con el fin de mantener e incluso mejorar el nivel de vida tras la jubilación, tal y como ya sucede en la mayoría de países ricos.

Así, si en lugar de que las empresas abonen unos 6.000 euros al año a la Seguridad Social por cada trabajador, este pudiera invertir dicho dinero en Bolsa, cuya rentabilidad histórica ronda el 7% anual, una vez descontada la inflación, su patrimonio superaría los 600.000 euros tras 30 años de vida laboral y casi alcanzaría los 1,3 millones tras 40 años, de modo que podría retirarse con una pensión de entre 3.500 y 7.500 euros brutos al mes, respectivamente, mediante la mera percepción de rentas y sin necesidad de tocar el capital acumulado.

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Albert Esplugas, Instituto Juan de Mariana

El gran fraude de la Seguridad Social, por tanto, no solo estriba en que condena a la población a pensiones cada vez más bajas con respecto al último sueldo percibido, sino que dificulta en gran medida la capacidad de ahorro de los trabajadores, impidiéndoles, así, el disfrute de un patrimonio millonario con el que poder alcanzar la ansiada independencia financiera, así como la libertad de jubilarse mucho antes de lo que decidan los políticos. Si España no transita hacia un sistema de capitalización, todos, tanto pensionistas como cotizantes, pagarán las consecuencias de dicho error.

Escrito por

Periodista. Redactor jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Miembro del Instituto Juan de Mariana. Máster en Periodismo por la USP CEU-El Mundo.

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