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El nuevo impuesto aplicado a las empresas tecnológicas es injusto, perjudicial e inútil

Los Presupuestos incluyen una subida de las pensiones que el Gobierno financiará con nuevos impuestos, como el que aplicará a las empresas tecnológicas. España no tiene problemas de ingresos, sino de gastos, provocados por el envejecimiento demográfico.

El Gobierno ha empleado como excusa la irresponsable e insostenible subida de las pensiones acordada con el PNV para anunciar la creación de un nuevo impuesto sobre las empresas tecnológicas, cuya puesta en marcha perjudicará al conjunto de la economía española. La prioridad de Mariano Rajoy era aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para, de este modo, elevar el gasto público de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo ejercicio y, sobre todo, agotar la legislatura, puesto que, en caso de no contar con los apoyos necesarios, estas cuentas podrían prorrogarse sin mayor dificultad en 2019 hasta la celebración de las generales.

Así pues, el presidente del Ejecutivo no ha escatimado en gastos con el fin de mantenerse un año más en el poder. Los guiños electorales concedidos a funcionarios y pensionistas costarán más de 11.500 millones de euros extra a los contribuyentes entre este año y el siguiente, siendo la revalorización de las pensiones conforme al IPC una de las medidas más onerosas. En concreto, el pacto presupuestario alcanzado con los nacionalistas vascos contempla una subida de las pensiones del 1,6% este ejercicio y del 1,5% el próximo, que, junto al incremento de las prestaciones de viudedad, suman una factura próxima a los 3.900 millones de euros. Y ello sin contar que, además, se retrasa de 2019 a 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que liga la cuantía de las futuras prestaciones a la esperanza de vida.

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Con un déficit de la Seguridad Social próximo a los 18.000 millones de euros al año y la hucha de las pensiones agotada, un incremento de estas características constituye un absoluto dislate desde el punto de vista financiero. De ahí que el Gobierno se haya tenido que sacar de la manga una nueva subida de impuestos para tratar de financiar, al menos parcialmente, este dispendio electoralista. La idea en cuestión consiste en aplicar una tasa adicional a las empresas tecnológicas, en línea con la propuesta que presentó la Comisión Europea el pasado marzo, para recaudar unos 600 millones este año y otros 1.500 millones el siguiente con ayuda de algún que otro aumento tributario. En total, unos 2.100 millones de euros, apenas la mitad del gasto extra previsto en pensiones.

Lo grave de este impuesto, sin embargo, no es que su poder recaudatorio resulte insuficiente, sino que su creación, más allá de ser injusta, afectará negativamente a la economía española. Lo que pretende el Gobierno, básicamente, es adelantarse por su cuenta y riesgo a la implantación de una tasa tecnológica a nivel europeo cuya aprobación, hoy por hoy, aún se tiene que negociar y, de hecho, no se espera hasta 2020, como mínimo. La Comisión Europea pretende gravar con un 3% los ingresos de las empresas tecnológicas que facturen más de 50 millones de euros en la Unión Europea y más de 750 millones a nivel global. Asimismo, quiere que estas compañías paguen impuestos allí donde obtengan ingresos -siempre y cuando facturen más de 7 millones de euros al año o cuenten con más de 100.000 usuarios y 3.000 contratos en un Estado miembro- para evitar que se aprovechen de la ventajosa fiscalidad que ofrecen algunos países europeos en materia de Sociedades, como es el caso de Irlanda.

El problema, en primer lugar, es que la concepción de este tributo parte de una premisa profundamente errónea y maniquea, como es el hecho de afirmar que las grandes empresas tecnológicas pagan pocos impuestos. Google, Apple, Facebook y Amazon obtuvieron unos beneficios brutos de más de 100.000 millones de dólares en 2016 y desembolsaron cerca de 24.000 millones en impuestos, de modo que soportaron una fiscalidad efectiva próxima al 24%, en línea con lo que pagan las grandes empresas en España y el doble de lo que abonan las pymes. Es decir, ya pagan muchos impuestos. No es cierto, por tanto, que disfruten de una fiscalidad privilegiada. Cosa distinta es que la mayoría de esos tributos acabe en las arcas de Estados Unidos, que es donde mantienen su sede y generan la inmensa mayoría de su valor añadido. El Impuesto de Sociedades ya se encarga de gravar los beneficios empresariales allí donde se crea valor (sede societaria), no donde se producen las ventas -sometidas, en todo caso, a otros impuestos indirectos-. Aplicar una nueva tasa sobre los ingresos brutos de estas compañías no es más ni menos que un caso clarísimo de doble imposición, lo cual es injusto, puesto que supone pagar dos veces por lo mismo.

Pero es que, además, perjudicará a la actividad económica. Empresas y particulares se benefician de la revolución tecnológica. Lo único que logrará este impuesto será trasladar su coste al resto de sectores empresariales y de consumo, encareciendo con ello numerosos productos y servicios asociados al mundo digital. Las tiendas que vendan a través de Amazon, por ejemplo, deberán asumir esta tasa adicional mediante un incremento de las comisiones por parte de dicha plataforma y, en última instancia, será el consumidor final quien acabe pagando el polémico impuesto.

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Aunque lo más preocupante no es el coste en sí, sino la contraproducente visión que ostentan las autoridades europeas, y especialmente las españolas, acerca de la creación de riqueza. El mundo está inmerso en una cuarta revolución industrial que está cambiando por completo la estructura productiva. Poner trabas y dificultades al desarrollo de la economía digital, ya sea mediante prohibiciones absurdas o impuestos abusivos, significa renunciar a los ingentes beneficios del nuevo motor de la economía global, con todo lo que ello supone. Europa lideró hace ahora dos siglos la revolución industrial, aupándose como la primera potencia del planeta, pero está perdiendo el tren de la revolución digital. Prueba de ello es que tan solo cuatro empresas europeas se sitúan entre las 50 grandes tecnológicas del mundo, siendo Estados Unidos, con 26, y Asia, con 20, los que lideran este particular ranking. Y si Europa se queda atrás, lo más triste es que España se sitúa en los puestos de cola en cuanto a economía digital dentro del continente… Y con este impuesto, aún más.

Por último, pero no menos importante, el tributo anunciado por el PP es del todo inútil, puesto que no solventará, en ningún caso, el agujero de las pensiones. El déficit de la Seguridad Social no se debe a un problema de ingresos -la recaudación por cotizaciones está en máximos históricos-, sino de gastos, como consecuencia del envejecimiento poblacional. Volver a indexar las pensiones al IPC y retrasar el Factor de Sostenibilidad significa derogar la reforma de 2013 y ello tan solo agravará la insostenibilidad financiera del sistema. Tal y como advierte el Banco de España, el mantenimiento del Índice de Revalorización (subida del 0,25%, mientras la Seguridad Social esté en números rojos) y del Factor de Sostenibilidad permitiría ahorrar una ingente cantidad de dinero en las próximas décadas (hasta el 3,8% del PIB al año en 2040), de modo que su anulación se traducirá en mucho más gasto (unos 35.000 millones extra tan solo de aquí a 2023) y muchos más impuestos, hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad del actual modelo de reparto, al tiempo que esa mayor presión fiscal reducirá el crecimiento potencial de la economía española a medio y largo plazo.

Empresas tecnológicas impuesto

Escrito por

Periodista. Redactor jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Miembro del Instituto Juan de Mariana. Máster en Periodismo por la USP CEU-El Mundo.

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