Hay jinetes de luz en la hora oscura
Ana Samboal | 11 de octubre de 2017
En marzo de 2007, en el marco de un viaje por Asia, Henry Paulson, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, reafirmó su convicción de que el crecimiento mundial se mantendría sólido y robusto. El responsable de la Economía en la Administración Bush respondía así a los temores que entre periodistas e inversores había despertado una breve tormenta bursátil, de apenas una semana, en la que se volatilizaron más de tres billones de dólares en capitalización de empresas. Seis meses después, Lehman Brothers se declaraba en quiebra y ponía al borde del abismo la estructura financiera internacional y el mundo en el que vivimos.
Era el inicio de una larga depresión de la que ahora, una década después, comenzamos a recuperarnos. ¿Mintió Paulson? Probablemente tenía mucha más información que el resto de los mortales sobre los riesgos potenciales del sistema, pero es casi seguro que nunca se le pasó por la cabeza el abismo al que a principios de 2007 nos asomábamos. Todavía hoy es difícil cuantificar la pérdida de riqueza que originó el crash. Porque al principio fue un problema de números, de simples operaciones de financiación y distribución de riesgos. Pero fue la crisis de confianza en el modelo la que ocasionó el gran agujero negro.
Salvando las distancias geográficas, de dimensión y numéricas, algo similar puede ocurrir en Cataluña. La fuga de empresas, provocada por la desconfianza que genera el salto al vacío que ha dado el Gobierno de la Generalitat, es solo el principio. Sabadell, La Caixa, Colonial, Agbar, Oryzon, Abertis, Sanitas, San Miguel… La lista de compañías que han trasladado a otras comunidades autónomas su domicilio social ya es larga. El daño para la región se ha cifrado en una horquilla de entre 30.000 y 60.000 millones de euros, en función de si se calcula el valor en el parqué de las cotizadas o su facturación. Posiblemente, a muy corto plazo, el impacto en la economía catalana será muy inferior porque, aunque la sede se traslade a otras ciudades, los grandes centros de producción se mantendrán donde están. En términos fiscales, sí se puede notar una merma de recaudación. Las que se verán beneficiadas serán las haciendas locales de sus nuevas residencias, que serán las que cobren, por ejemplo, el Impuesto de Actividades Económicas. Pero el de Sociedades, que es el que grava los beneficios, va a parar a las arcas de la Agencia Estatal, sea cual sea el lugar donde estén domiciliadas.
Naturhouse, Oryzon, Eurona… Se intensifica la fuga de empresas de #Cataluña hacia el resto de España https://t.co/TQUAHRrKSM pic.twitter.com/syLX1Vy5QT
— elEconomista.es (@elEconomistaes) October 5, 2017
El impacto de esa fuga empresarial habrá que medirlo a medio y largo plazo. ¿Quién querrá instalarse en Cataluña en los próximos años después de lo vivido? ¿Y en España? Es llamativo, por ejemplo, que ninguna de esas compañías que han huido de Barcelona haya decidido trasladarse al País Vasco, uno de los polos de producción y riqueza más pujantes del país. Tal vez, por miedo a que la epidemia de la rebelión se extienda por todo el país. El decreto que el Gobierno aprobó el viernes para facilitar la rápida salida de La Caixa rema en la misma dirección. ¿Por qué una norma ad hoc, para una sola compañía? ¿Por qué no garantizar la ley en Cataluña, en vez de propiciar una avalancha de deslocalizaciones que buscan huir del caos? ¿Por qué se resta poder al máximo órgano de gobierno, la junta de accionistas?
Cataluña perderá 61.000 millones anuales en PIB con la fuga de sus grandes empresas por el 1-O https://t.co/WAXix42jHS vía @okdiario
— carlos cuesta (@carloscuestaEM) October 8, 2017
Empresaris de Cataluña asegura que “de no ponerse fin a la actual espiral de inestabilidad política, la economía catalana se resentirá gravemente en el corto y medio plazo”. Esta asociación, que solicita “al Gobierno de la Nación que reinstaure el orden constitucional de forma inmediata”, asegura que ya se detecta una caída brusca de la inversión extranjera y el turismo en Cataluña, “lo que afectaría gravemente a la generación de riqueza”.
Hay precedentes. En Quebec, una de las referencias de los independentistas catalanes. A pesar de que el referéndum era legal y estaba reglado, el dinero salió de la región para nunca volver, en beneficio de la pujante Toronto. En Escocia, aunque el referéndum se pactó con Downing Street, los bancos advirtieron de que, de producirse la independencia, velarían por los intereses de sus clientes. El traslado de la sede social es solo el primer paso.
Hoy en @laSextaTV nuestro presidente @josebouvila ha analizado la situación ante la fuga de empresas en Cataluña pic.twitter.com/TRDX4DW3zz
— Empresaris Catalunya (@EmpresarisCat) October 6, 2017
¿Cuántos depósitos se han cancelado en los bancos catalanes en los últimos días? ¿Cuántos se han dejado de abrir por temor a que la independencia pueda materializarse, o a que gobierne la CUP, o a que cambien las reglas del juego a mitad del partido, o a la ausencia de normas claras o estables? ¿Se han esfumado las opciones de Barcelona para albergar a la Agencia del Medicamento? ¿Cuántos laboratorios o empresas farmacéuticas habría atraído su instalación en la Ciudad Condal? ¿Y qué hay de esa empresa fabricante de automóviles que, tal y como desveló Luis de Guindos, sopesaba la posibilidad de instalar un centro de producción en la zona franca?…
. @donramonpi analiza los litigios entre independentistas y demócratas. #referendum #Cataluña #independencia #dbhttps://t.co/IACnc4RacK pic.twitter.com/z2bgZO6sij
— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) October 10, 2017
La experiencia de 2007 es muy reciente como para olvidarla. Sabemos cómo comienzan las crisis, pero nunca cómo pueden terminar… El precio de la seguridad jurídica y la confianza es imposible de cuantificar a priori. Y eso, ocurra lo que ocurra en las últimas horas, es lo que se ha evaporado en Cataluña, quizá en toda España, en los últimos quince días.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.