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El número excesivo de empleados públicos supone un problema para contener el déficit

La crisis económica y las políticas para superarla han provocado un importante reajuste en el número de empleados públicos. Superar unos límites adecuados puede poner en peligro el control del déficit que exige Bruselas. 

Es muy probable que la economía española termine 2017 con un déficit público del -3,1%, tal como nos habíamos comprometido con nuestros socios comunitarios al ser los que tenemos un déficit más alto. Incluso podríamos terminar con un -3%, tras las restricciones de gasto impuestas por el artículo 155 a la Generalitat de Cataluña con la disolución de determinados organismos de esta, como sus supuestas “Embajadas”, y el fin de centenares de empleos “de confianza” asociados a sus depuestos altos cargos. También por la importante contención del gasto en los ayuntamientos. Más complicado será que en 2018 podamos reducir el déficit hasta el -2,2% convenido con nuestros socios, y salir definitivamente del “procedimiento de déficit excesivo” al que estamos sometidos; especialmente porque nos podemos quedar solos en tan poco honrosa situación en la medida que Francia pueda salir del mismo este año. Y tras haberlo hecho ya países rescatados como Irlanda, Portugal, Grecia o Chipre.

Funcionarios poco productivos, demasiados y caros . Urge una reforma del sector público

Porque un aspecto clave para el control del déficit es el referido al empleo público. En este sentido, el reciente Boletín Económico del Banco de España de primeros de noviembre de este año arroja alguna luz sobre La evolución del empleo de las Administraciones Públicas en la última década. En él se cruzan los datos de las estadísticas de personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con la Encuesta de Población Activa (EPA) y las estadísticas de evolución de las cotizaciones de la Seguridad Social.

De dicho cruce se deduce que en 2016 habría un total de 2.840.000 empleados públicos. De los cuales 1,7 millones serían empleados de las Comunidades Autónomas, el 60%; otros 600.000 serían empleados de las Administraciones Locales, el 21%; y los 540.000 restantes estarían empleados en la Administración Central, un 19% del total.

Lo que más resalta es que las Comunidades Autónomas han incrementado en 137.000 su número de empleados públicos entre 2007 y 2016; esto es un 9%.

Recomposición del empleo público

Con la crisis y tras la crisis lo que vemos es que ha habido en la última década una recomposición del empleo público. En el cual se ha producido una pérdida neta de empleos en los años 2015 y 2016 tanto en Ayuntamientos como en la  Administración Central en un 7,3 y 7,8% respectivamente, quedando en 47.000 y 45.000 empleados públicos menos respectivamente. Y mayor peso de las Comunidades Autónomas, que son además más proclives también al empleo indefinido.

Queda claro cómo en los años de la crisis, 2007-2011, se reaccionó creando empleo público, incrementándolo en un 17%, con el consiguiente daño al sector privado (“efecto expulsión”), y a diferencia de lo ocurrido en países de nuestro entorno; mientras que en los tres años comprendidos entre 2012 y 2014 se produjo una caída acumulada del 13%.

Consecuencias de hacer política con el gasto . Hacienda interviene las cuentas madrileñas

Respecto al gasto salarial de las Administraciones Públicas en su conjunto, en 2016 superaba ligeramente el 20% de la Remuneración de los Asalariados del total de la economía, y un 25% del gasto público total; mientras que el porcentaje de asalariados públicos sobre el total de empleados de la economía supera el 15%.

Tras el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con las reformas y restricciones acometidas por el nuevo Gobierno, el empleo público se redujo en 2012 y 2013; luego, a partir de 2015, se relajaron las limitaciones a la tasa de reposición de empleados públicos que en todo caso no alcanzó el 100% de las bajas y jubilaciones, que superaron apenas el 80%.

En lo que se refiere al empleo en las empresas públicas ha seguido una dirección inversa a la de las Administraciones Públicas, dado que entre 2010 y 2013 aumentó el 11,5%, reduciéndose entre 2013 y 2016 un 3,5%. En 2016 según los datos de la EPA tenían 159.700 trabajadores, estando la mitad en sectores relacionados con Correos, transporte y telecomunicaciones. Al final, un número similar al de 2007.

El problema sigue siendo que muchas Administraciones Públicas siguen utilizando empresas públicas autonómicas para burlar las restricciones de gasto público, al socaire de la provisión que realizan de determinados bienes y servicios. Algo que hay que racionalizar y corregir. Y esperemos también que ningún Gobierno futuro pretenda en tiempo de recesión crear empleo público artificial, o por la vía de atrás, en un contexto de keynesianismo vulgar.

Escrito por

Catedrático de Economía Aplicada en USP CEU. Colaborador en La Linterna de COPE, ABC, La Razón, El Economista y Expansión.

Ultimo comentario
  • Fuera con los empleados Publicos. Tiene ningun Sentido… solamente atribuye al malestar y fomenta radicalismos entre gente que cree que los funcionarios no trabajan nada etc. Los mismos derechos para todos los trabajadores.

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