Hay jinetes de luz en la hora oscura
Manuel Llamas | 12 de febrero de 2017
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno del PP y el PSOE para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) constituye una pésima noticia para el mercado laboral español, cuya tasa de paro todavía roza el 19% -la segunda más alta de la UE, tras Grecia-, y, muy especialmente, para los jóvenes y las personas de baja cualificación que aspiran a mantener o encontrar un empleo. Y es que, a diferencia de lo que suelen aducir los políticos y analistas que defienden este tipo de medidas, el salario mínimo constituye una barrera de entrada al mercado de trabajo, de modo que, cuanto más alta sea ésta, más trabas y dificultades supondrá para la creación de empleo.
Lo primero que cabe señalar al respecto es que los salarios no suben por decreto. Si este factor dependiera de la arbitraria voluntad del poder político, ¿por qué no fijar el salario mínimo interprofesional en 2.000, 3.000 o 4.000 euros al mes? La explicación es muy sencilla: todos aquellos empleados cuya productividad no alcanzase tales cuantías serían, directamente, despedidos, puesto que la empresa perdería dinero -lo que tendría que pagar al trabajador supera el valor de lo que produce-. Por esta misma razón, mientras que la ausencia de salario mínimo no perjudica a nadie, su establecimiento en 4.000 euros, por ejemplo, expulsaría al 95% de los trabajadores del mercado formal, a todos aquellos que no son capaces de generar tales ingresos.
Una empresa de diez trabajadores deberá facturar un mínimo de 143.000 euros al año para ser mínimamente rentable y mantener todos los puestos de trabajo
Populares y socialistas han decidido elevar el salario mínimo interprofesional un 8% para 2017, desde los 655 hasta los 707 euros al mes, el mayor incremento de los últimos 30 años. Aunque, a priori, pueda parecer una cantidad reducida, conviene recordar que una cosa es lo que cobra el empleado (sueldo bruto) y otra muy distinta lo que paga realmente la empresa (coste laboral).
Así, si a esos 707 euros se le suman las dos pagas extra, el sueldo asciende a 825 euros al mes (casi 9.900 al año), a lo que habrá que añadir la correspondiente cotización a la Seguridad Social que abona la empresa (29,9%), unos 2.960 euros extra al año, haciendo un total de 12.860 euros. Si, además, se tiene en cuenta el mes de vacaciones y la indemnización que debe abonarse en caso de despido (20 días por año trabajado si es procedente y 33 si es improcedente), el coste laboral mínimo ronda los 14.300 euros al año o, lo que es lo mismo, unos 1.200 al mes, casi un 70% más que los 707 euros citados inicialmente.
Así pues, un trabajador deberá generar unos ingresos superiores a esos 14.300 euros anuales para poder ser contratado a tiempo completo, lo cual no siempre es sencillo en caso de que la persona en cuestión carezca de experiencia laboral previa (jóvenes) o posea una escasa formación. Trasladando esa cifra al ámbito de una pequeña empresa de diez trabajadores que cobren el salario mínimo, esto significa que dicha pyme tendrá que facturar un mínimo de 143.000 euros al año, sin tener en cuenta ningún otro coste adicional (alquiler, maquinaria, proveedores, préstamos, etc.), para ser mínimamente rentable y mantener todos los puestos de trabajo.
Entre las medidas para combatir el paro, sobre todo entre los jóvenes y los trabajadores no cualificados, se debería bajar, cuando no eliminar, el salario mínimo interprofesional
Lo que no entienden muchos políticos es que todo lo que sea elevar el salario mínimo por encima de la productividad real de los trabajadores acaba generando paro, y eso, en un país como España, con más de 4,3 millones de parados, de los que 2,4 millones llevan más de un año buscando trabajo, y una tasa de desempleo juvenil del 42%, es, simplemente, una tragedia, y, por tanto, constituye una grave irresponsabilidad. No en vano, según los cálculos del Banco de España, una subida del salario mínimo de 100 euros aumenta en 7 puntos porcentuales la probabilidad de que los jóvenes pierdan su empleo y hasta en 14 puntos en el caso de los mayores de 45 años, ya que para estos colectivos es más difícil incrementar la productividad para compensar ese mayor coste salarial.
El sueldo no depende en ningún caso de una decisión política, al igual que sucede con el precio del resto de bienes y servicios en una economía de mercado, sino de la productividad del trabajador. Salario y productividad tienden a igualarse, de modo que la única forma posible de elevar las retribuciones de forma correcta y sostenible es mejorando e incrementando la productividad o, lo que es lo mismo, producir más bienes y servicios por cada hora trabajada y/o aumentar su precio de mercado, apostando por productos de calidad, alto valor añadido y con una creciente demanda por parte de los consumidores, para lo cual se necesita maquinaria, tecnología y capital humano.
La clave, por tanto, radica en fomentar la inversión y el crecimiento de las empresas mediante un marco regulatorio atractivo, una elevada seguridad jurídica, una fiscalidad baja y un mercado laboral flexible. Si los suizos ganan de media unos 85.000 euros al año, multiplicando por más de tres las retribuciones de los españoles, no es porque su Gobierno fije los salarios por decreto, sino porque su economía es una de las más libres y productivas del planeta. De hecho, en Suiza, Noruega, Austria, Dinamarca, Suecia o Finlandia, entre otros países europeos, no hay salario mínimo ni coste de despido fijado por ley y, sin embargo, sus trabajadores disfrutan de sueldos mucho más altos y tasas de paro mucho más bajas que en España, gracias a su mayor productividad.
Asimismo, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia o Países Bajos mantienen un salario mínimo interprofesional inferior para los jóvenes con el fin de facilitar su empleabilidad, a diferencia de lo que sucede en España, ya que en 1998 se decidió igualarlo con independencia de la edad y la cualificación profesional. España debería, por tanto, bajar, cuando no eliminar directamente el SMI, al tiempo que apuesta por mayor libertad económica y flexibilidad laboral, para combatir eficazmente el problema del paro, sobre todo entre los colectivos más desfavorecidos.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.