José Manuel Muñoz Puigcerver | 16 de octubre de 2018
Aquellas familias españolas con menos recursos y que padecen más rigurosamente las penurias resultantes de la crudeza del frío invierno contarán con una ayuda adicional para hacer frente a su factura energética. El pasado viernes 5 de octubre, el Gobierno aprobó por real decreto ley no solo la ampliación del ya existente bono eléctrico, sino la inclusión de un bono de calefacción que cubrirá todo tipo de combustible (gas natural, gas butano, gasóleo, etc.).
La pobreza energética es un serio problema que se ha agudizado en los últimos años debido a la crisis y que afecta a más de 4,5 millones de personas en nuestro país. Dada su magnitud, se ha convertido en objeto de una creciente concienciación social y en una preocupación recurrente para nuestros gobernantes cuando nos hallamos en fechas próximas a la brusca caída de temperaturas. Es, por ello, que la titular del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado un paquete de medidas con carácter provisorio, en tanto en cuanto no se establezca una estrategia nacional para la lucha contra dicha pobreza energética. De hecho, esta provisionalidad implica que el bono de calefacción será, este año, ingresado directamente a los beneficiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque, a partir del próximo, serán las Comunidades Autónomas las que deban financiarlo.
.@Teresaribera en @Congreso_Es:
— Transición Ecológica (@mitecogob) September 19, 2018
El Gobierno no puede mirar hacia otro lado y ha de ofrecer:
▪Suspensión del impuesto del 7% de la generación, como medida urgente.
▪Cobertura inmediata a los más vulnerables.
▪Abordar la reforma estructural del mercado. pic.twitter.com/Y4FPiZ9cCl
Todos aquellos a quienes se les haya concedido el bono eléctrico a fecha 31 de diciembre de 2018 -fecha hasta la cual se ha ampliado su renovación, que finalizaba el 8 de octubre- podrán solicitar, automáticamente, el bono de calefacción y, de hecho, se han incorporado nuevos colectivos susceptibles de acogerse al primero ya que, además de los hogares con rentas inferiores a 11.279,39 euros anuales (15.039,19 euros en el caso de que haya un menor y 18.798,98 en el caso de que existan dos), de las familias numerosas -con independencia de sus ingresos- y de los pensionistas -tanto por jubilación como por incapacidad permanente- también tendrán derecho a él las familias monoparentales.
En lo que respecta a la cuantía, el mínimo a percibir por el bono de calefacción será de 25 euros, si bien se realizará una distinción en función del grado de vulnerabilidad de los ciudadanos. También se considerará la altura media respecto al nivel del mar, puesto que aquellos habitantes de zonas en las que las inclemencias invernales sean más extremas disfrutarán de una asistencia económica mayor. En total, dependiendo de las circunstancias personales de cada solicitante, la transferencia otorgada podría alcanzar los 130 euros.
Sobre el bono energético, es conveniente resaltar que el llamado Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Transición Energética y la Protección de Consumidores prevé la prohibición de corte del suministro de luz a los hogares amparados por dichos bonos, así como a aquellos en cuyo seno residan menores de 16 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% o dependientes de grado 2 o 3. Tampoco se permitirá a las empresas comercializadoras de energía llevar a cabo ventas mediante el proceso “puerta a puerta”, además de contemplar fuertes sanciones de hasta 60 millones de euros para aquellas que obstaculicen de alguna forma la tramitación de estas ayudas. Cabe recordar que, a diferencia del bono de calefacción, el eléctrico es cofinanciado por las propias compañías y las Comunidades Autónomas.
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En definitiva, estas ampliaciones de cobertura del llamado bono social pretenden sufragar, al menos en parte, un bien tan de primera necesidad que su privación causa alrededor de 7.000 muertes anuales en España (6 veces más que los fallecidos por accidentes de tráfico). Por ello, hasta que no se diseñe una política de carácter estructural cuyos efectos duraderos permitan combatir semejante drama en el largo plazo, esta urgente disposición del Gobierno a aplicar en los próximos meses podría antojarse un mero parche. Aun así, este parche podría llegar a salvar muchas vidas.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.
