Ana Samboal | 30 de enero de 2017
¿Qué haríamos si nos concedieran una prestación, de una cuantía similar al salario mínimo, todos los meses durante el resto de nuestra vida? ¿La gastaríamos en adquirir los mismos productos o servicios que si fuera finita, que si la cobráramos sólo durante un tiempo limitado? Esta es una de las muchas preguntas que provoca el experimento con el que Finlandia va a poner a prueba la efectividad de la renta básica.
Sospecho que, si el individuo sabe que sólo cobrará esa prestación durante unos meses, y no es un insensato, invertirá ese capital en elevar el potencial de su nivel de vida. Es decir, se formará para elevar su empleabilidad o adquirirá las herramientas que le permitan abrir o mejorar un negocio. A medio y largo plazo, si al menos la mayoría de las personas que se encuentran en una situación similar a la suya adoptan conductas similares, acabarán por elevar la cota de riqueza y bienestar de la comunidad en la que viven.
Este caso, y es sólo uno más, pone en evidencia la ausencia clamorosa de un sano y necesario debate acerca de las políticas públicas en nuestro país
Pero ¿y si fuera ilimitada? En ese caso, se abren ante el perceptor varias alternativas en función, en gran medida, de la cuantía de esa renta. Si satisface sus necesidades vitales, probablemente adaptará sus gastos al nivel de ingresos y optará por no trabajar. En el caso de que el subsidio sea insuficiente, puede buscar un empleo que le permita complementarlo para cumplir sus objetivos vitales. La suma de esos comportamientos individuales acabaría por empobrecer a la persona y también a la sociedad. Y no será sólo un empobrecimiento material.
Sólo esta hipótesis aconseja estudiar con detenimiento la medida. Pero es que hay muchos otros factores que podrían condicionar el experimento, estrangulando un posible éxito o convirtiéndolo en un estrepitoso fracaso. No estaría de más calibrar su impacto sobre el gasto y las finanzas públicas, los incentivos o desincentivos que introduce en el sistema fiscal o en el mercado laboral, valorar si la persona que la percibe debe renunciar a otras prestaciones públicas o subvenciones… Y esto si nos atenemos, únicamente, a las variables económicas, que también las hay morales o éticas.
"Planteamos la renta mínima garantizada y presupuestamos una partida sensata" @Pablo_Iglesias_ #ObjetivoIglesias26J pic.twitter.com/BAFmOn2dXu
— PODEMOS (@ahorapodemos) June 19, 2016
Por eso, porque tiene tantas implicaciones, sorprende la ausencia de análisis y debate en la sociedad y los medios de comunicación españoles. Ya no la iniciativa que se ha puesto en Finlandia, que habrá que seguir con atención, sino la que han propuesto, en nuestro país, tres de los cuatro grandes partidos políticos en las últimas elecciones. Aunque el alcance y los supuestos para recibirla eran distintos, tanto Podemos, como Ciudadanos y el PSOE la incluían en su catálogo de ofertas a los ciudadanos. Y, mientras Suiza la ha sometido a referéndum y Finlandia ha decidido ponerla a prueba escogiendo a un reducido número de sujetos, en España la sociedad bienpensante la aplaudió con indisimulado entusiasmo. Es fácil justificar las causas que pueden hacer necesaria una renta básica, pero ¿y las consecuencias?
Este caso, y es sólo uno más, pone en evidencia la ausencia clamorosa de un sano y necesario debate acerca de las políticas públicas en nuestro país. Por supuesto, son los partidos políticos los primeros responsables, puesto que suya es la iniciativa. Y no han hecho mucho por explicarse. Pero tampoco estaría de más que los medios de comunicación, las universidades o las asociaciones y colectivos cívicos contribuyeran a generar ese cruce de opiniones. Aunque sólo fuera para evitar que, pasado el tiempo, tengamos que llevarnos de nuevo las manos a la cabeza, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.
