Hay jinetes de luz en la hora oscura
José Manuel Muñoz Puigcerver | 13 de febrero de 2018
Por primera vez desde 2008, el déficit de la Seguridad Social se reduce en términos porcentuales respecto al PIB, si bien sigue aumentando en términos absolutos, ya que, medido de esta manera, este se habría incrementado en 200 millones de euros respecto al año 2016. Si, en ese curso, dicho déficit fue del 1,67% de nuestro Producto Interior Bruto, en 2017 se redujo 6 centésimas, hasta situarse en el 1,61%. A pesar de que el gasto sigue creciendo, los ingresos hacen lo propio a una velocidad aún mayor (el primero aumentó un 3%, mientras que los segundos se incrementaron en un 5,3%) lo que, según las palabras de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, supone “un punto de inflexión hacia el equilibrio financiero del sistema”.
En 2017 hemos logrado revertir la tendencia del deterioro del déficit del sistema por primera vez desde 2008, iniciando el camino de vuelta al equilibrio financiero: los ingresos crecen más que los gastos. Una mejora que se mantendrá en 2018 y que tenemos que consolidar. pic.twitter.com/ZeLNfTLVkH
— Fátima Báñez (@fatimaempleo) January 31, 2018
De hecho, en la misma comparecencia, la ministra no solo se congratuló de los datos antes mencionados, sino que también sacó pecho de un tema tan espinoso como la tan discutida pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas como consecuencia del llamado IRV (Índice de Revalorización de las Pensiones). Según las cifras proporcionadas por Fátima Báñez, esta pérdida de poder adquisitivo no solo no tuvo lugar, sino que, incluso, llegó a ser negativa: entre los años 2007 y 2017, la inflación acumulada fue del 16,5%, mientras que, para el mismo período, las pensiones se revalorizaron en un 16,53%. De esta forma, los pensionistas habrían disfrutado de un aumento del poder adquisitivo equivalente a un 0,03%.
Es por todo ello por lo que el Gobierno considera que el sistema de pensiones está retornando al equilibrio. Sin embargo, cabría preguntarse si esta reducción porcentual del déficit de la Seguridad Social forma parte de una tendencia a consolidar en los próximos años o se trata, sin más, de un mero dato puntual, teniendo en cuenta que esta recuperación se ha producido con un millón de afiliados menos de los que había en el año 2007 y que, a pesar de que la propia ministra ha interpretado estos números como una mejora en la calidad del trabajo (el empleo asalariado ha aumentado en un 4,2% y los ingresos procedentes de los trabajadores afiliados en el Régimen General lo han hecho en un 6,2%, lo cual solo se explica mediante un incremento en la base de cotización de los mismos) también ha reconocido que únicamente se conseguirá mantener esta senda de reducción del déficit creando más empleo.
El empleo y el crecimiento económico, garantía de las pensiones. Sigamos trabajando juntos por la fortaleza de nuestro sistema de Seguridad Social. #SesióndeControl pic.twitter.com/0c258obkI3
— Fátima Báñez (@fatimaempleo) February 7, 2018
Por este motivo, el problema de la sostenibilidad de las pensiones debe abordarse con un horizonte temporal mucho más amplio que el que permiten las legislaturas gubernamentales. Que los gastos del sistema hayan pasado de los 18.600 millones de 2016 a 18.800 millones en 2017 y que los ingresos totales por cotizaciones sean de 109.166 millones de euros permitiendo, así, una cobertura del 94% (1,5 puntos superior respecto al año anterior) son cifras que siendo, sin duda, positivas, deben tomarse con la debida cautela. Por supuesto, la búsqueda del equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social es una cuestión que debe abordarse desde la preocupación por la creación de empleo y la mejora en la calidad del mismo pero, sobre todo, se debe contemplar desde una óptica demográfica. La sostenibilidad del sistema de pensiones solo se logrará, a largo plazo, a través de la estabilidad intergeneracional. A pesar de los datos presentados por el Gobierno, los árboles no deberían impedirnos ver el bosque.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.