La sequía que sufre España tiene graves consecuencias económicas para el país. Sus efectos no solo se notan en el sector de la agricultura, el recibo de la luz se encarece por la necesidad de generar electricidad al margen de los embalses.
España sufre la peor sequía de los últimos 10 años y los embalses de nuestro país vuelven a padecer las consecuencias. Actualmente, se encuentran por debajo del 40% de su capacidad y, si bien acabamos de dejar atrás un verano que no ha sido especialmente parco en lluvias, estas no han sido lo suficientemente abundantes como para compensar el déficit del año hidrológico, que comienza cada 1 de octubre. Las cuencas del Júcar y el Segura son, tradicionalmente, las más afectadas y, en la actualidad, no se tratan de una excepción, ya que sus embalses se encuentran a un 26% y a un 14% de su capacidad, respectivamente.
El nivel medio de los embalses ya cae por debajo del alarmante 40%. Ahora mismo se sitúan en torno al 39,4%. Situación muy grave. pic.twitter.com/9GmQUyy4s2
— El Tiempo (@Meteoralia) September 28, 2017
Esta situación de sequía, no por recurrente, deja de ser preocupante y, de hecho, cada vez se agrava más. En un país con unas diferencias tan enormes en los niveles pluviométricos entre regiones y en el que se podría concluir que, prácticamente, llueve hacia arriba, las previsiones auguran que para el año 2090 el Sáhara se habrá extendido hasta prácticamente toda la mitad sur de España. Si bien en algunas zonas del norte, como es el caso de Galicia, los índices de lluvias son comparables a los que presentan los países nórdicos, en algunos puntos del Mediterráneo las precipitaciones son equivalentes a las de Abu Dabi y, cuando llueve, suele hacerlo de manera tan torrencial y copiosa que provoca notables inundaciones y daños en las cosechas.
Como consecuencia de la sequía, los efectos económicos adversos no se harán esperar demasiado. En primer lugar, se limitará la producción de energía hidráulica debido a las escasas reservas de los embalses. De esta forma, se deberá recurrir a la producción de energías menos baratas (la hidráulica es una de las más asequibles), lo que repercutirá en una subida de la factura de la luz. Además, el efecto contrario en la adquisición de algunos bienes de primera necesidad resultará obvio, ya que la reducción de la oferta de alimentos provocará tensiones alcistas en sus precios. De hecho, en el año 2016, España contabilizó una producción de casi 20 millones de toneladas de cereales, mientras que, para este año, se prevé que se reduzca a la mitad y no llegue ni a los 10 millones.
☀️ "¿Qué puede decirse del clima europeo en los últimos mil años?". https://t.co/9Pzm45K9Hz
— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) April 3, 2017
Asimismo, las compensaciones que deberá abonar el Estado a los agricultores para hacer frente a las pérdidas económicas procedentes del descenso de sus cosechas mermarán aún más las ya de por sí delicadas arcas públicas. En este punto, es de destacar que la Unión Europea ha decidido adelantar a este mes de octubre el pago que España debía recibir de la PAC en diciembre para combatir esta contingencia, adelanto que también se hará extensivo a Portugal, Luxemburgo y Bélgica, alegando similares razones.
De esta manera, se observa cómo la falta de lluvias afecta negativamente tanto a productores y a consumidores como al propio sector público, es decir, a todos los agentes económicos del país. Por tanto, ante semejante situación de emergencia, se antoja imperativa una mayor eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, en aras de paliar nuestro crónico déficit hidrográfico mediante un nuevo Plan Hidrológico Nacional que considere las particularidades y, por supuesto, las necesidades de las regiones de España en las que este problema alcance un mayor calibre. Cabe recordar que el agua es un bien tan imprescindible como escaso y que solo a través de su uso correcto y responsable (también desde las instituciones), conseguiremos que llueva a gusto de todos.
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