Ana Samboal | 24 de abril de 2017
Vivimos últimamente de sobresalto en sobresalto. Si la noticia de ayer nos pudo parecer escandalosa, preparémonos para la de mañana, que puede ser todavía peor. Eso sí, entretenido sí resulta. A golpe de decisiones judiciales y detenciones, se nos pasan los días frente a la tele. No es que no sea importante lo que se dirime en los tribunales, pero, atareados como estamos con el circo mediático-judicial, se nos están olvidando las cosas de comer. Y por más que sea necesario a veces ajustar cuentas con el pasado, no debiéramos dejar de mirar al futuro. No parece que estemos en ello.
Los Presupuestos para este año, la causa para urgir a nuestros partidos a formar gobierno, ya están afortunadamente en el Congreso. Tal vez en mayo o junio tengamos las cuentas claras necesarias para gobernar, han decidido tomarlo con calma. Se dirime en la cámara en qué y cómo se gasta nuestro dinero. Sin embargo, las comparecencias en la Comisión de Economía apenas dan que hablar. Después nos quejaremos… Solo una de ellas ha ocupado algunas líneas en la prensa local y regional: la del secretario de Estado de Administraciones Públicas. Vino a explicar el señor Nadal a los diputados que, si las comunidades autónomas habían recibido en 2016 más dinero del que les correspondía por su participación en la recaudación de los impuestos, con toda lógica tendrán que devolverlo. Y ahí, con esa advertencia, se armó el motín en la Comisión. Es solo un aperitivo de lo que está por venir, porque, si para sacar adelante el presupuesto (y aún no está garantizado) el Gobierno ha tenido que hacer encaje de bolillos, cuando entre a fondo en las cuentas de las taifas nos encontraremos ante la madre de todas las batallas.
Las autonomías, la gran mayoría, siguen gastando más, mucho más de lo que deben. La Autoridad Fiscal Independiente se lo ha afeado al Gobierno. Hace un año, cuando Bruselas nos apretó las tuercas porque nos estábamos pasando con el déficit, el ministro de Hacienda les ordenó recortar 1.500 millones de euros. Al cierre del ejercicio, redujeron cien millones. ¡Ni la décima parte! ¡Y no pasa nada! Unos y otros inflan la previsión de ingresos para poder gastar más. Y así es cómo el déficit se descabala. Con quejarse mirando al norte, a Europa, queremos dar el asunto por zanjado. Y no son ellos los estrictos, somos nosotros los que incumplimos la palabra dada. Con todo, no es lo más grave. Algunos gobiernos regionales deben tanto, tanto dinero a los que compraron su deuda en los mercados financieros y a la propia Administración Central que, como ya se ven imposibilitados para devolverlo, han empezado a reclamar una quita. Y algunos otros, los que cobran Impuesto de Sucesiones, acorralados por las protestas de ciudadanos que se ven obligados a renunciar a sus herencias por el peso de la carga fiscal, han apuntado que están dispuestos a acabar con esas tasas. Eso sí, el Gobierno central les tiene que pagar lo que dejen de recaudar….
Unos y otros inflan la previsión de ingresos para poder gastar más. Y así es cómo el déficit se descabala. Con quejarse mirando al norte, a Europa, queremos dar el asunto por zanjado
Dinero, dinero, dinero… Las comunidades autónomas se han convertido en voraces agujeros negros que amenazan con tragarse al Estado. Y algún día, alguien tendrá que poner fin a esa espiral… ¿Quién? Nosotros, los que pagamos, los propios ciudadanos. Llegará el momento en el que tendremos que despertar de ese sueño de irresponsabilidad en el que pedimos y pedimos, aparentemente inconscientes de que no son los que nos gobiernan, sino nosotros, los que pagamos. Y el dinero llega donde llega, no es elástico. Solo dibujando las líneas rojas de un Estado del Bienestar, todo lo generoso que queramos, pero solo hasta donde podamos permitírnoslo, romperemos el círculo vicioso en el que han entrado nuestros gobernantes a fuerza de gastar. Porque en corrupción y en estructuras políticas se va un buen pellizco, cierto es, pero no nos engañemos, el grueso del presupuesto se adjudica a las prestaciones cada vez mayores, cada vez más onerosas, que no nos cansamos de demandar.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.
Manuel Llamas advierte de los peligros que puede tener para la economía española el mantenimiento de unos niveles de deuda pública cercanos al 100% del PIB.