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Europa castiga la manipulación del déficit de Valencia pese a la rectificación de España

Pese a la inmediata modificación y a la predisposición del Gobierno español a trabajar conjuntamente con Europa, las autoridades comunitarias lo consideran insuficiente. El Tribunal Supremo ha decidido que sea la Comunidad Valenciana la que asuma la sanción.

España tendrá que hacer frente a los 18,93 millones de euros que la Comisión Europea le impuso como sanción en julio de 2015, por la sistemática tergiversación de los datos de déficit de la Comunidad Valenciana, debido a ciertas irregularidades en facturas relacionadas con el gasto sanitario. Esta es la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras los recursos que el Gobierno español presentó en septiembre de 2015 desestimando, de esta forma, todas las alegaciones que el Ejecutivo nacional presentó en su defensa.

Tras el escándalo que supusieron los datos macroeconómicos manipulados que Grecia entregó a Bruselas para justificar el cumplimiento de los criterios de convergencia que le permitieron adoptar el euro como moneda de curso legal, los Veintiocho decidieron, en 2011, establecer un mecanismo de sanción a aquellos países que falsearan las cuentas mostradas al Ejecutivo comunitario. Así, España se convertía en el primer país objeto de este correctivo y, si bien se detectó que las anomalías contables comenzaron en 1988, la Comisión Europea únicamente inculpó a España del incumplimiento durante el período 2011-2012, al carecer la normativa de carácter retroactivo.

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Por su parte, España basó sus alegaciones fundamentalmente en dos cuestiones. Por un lado, adujo que se había vulnerado su derecho a la defensa, argumentando que las primeras visitas llevadas a cabo por los inspectores de Eurostat se realizaron sin una notificación previa que alertara del inicio de la investigación. Por otro lado, el Gobierno español también esgrimió que no hubo mala fe en la contabilidad del déficit ya que, en cuanto la Comisión advirtió de las deficiencias, estas fueron subsanadas inmediatamente. Además, también se pretendía una rebaja en la cuantía de la multa, tratando de reducirla de los casi 19 millones de euros impuestos a 8,62 millones.

El Supremo decide que abone la multa la Comunidad Valenciana

Sin embargo, la decisión de la Justicia europea no deja lugar a dudas. A pesar de su inmediata corrección y de la predisposición del Gobierno a cooperar con las autoridades comunitarias, el desfase contable en las partidas sanitarias de la Comunidad Valenciana es superior a los 2.000 millones de euros y, tal y como exige la normativa europea, debe abonarse un 5% de la suma total a corregir. Cierto es, que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictaminado que se debe tener en cuenta la mencionada buena actitud de España, para considerar una disminución de dicho importe, a pesar de lo cual ha confirmado el montante íntegro reclamado por la Comisión. A su vez, el Tribunal Supremo ha decidido que la multa deberá ser costeada por la Generalitat de la Comunidad Valenciana.

Esta cuestión sobre la correcta contabilidad nacional de los países que conforman el euro no es una cuestión menor, ya que de ella depende la estabilidad interna de la moneda única, así como su credibilidad en los mercados internacionales. Para que las autoridades europeas puedan adoptar políticas económicas adecuadas, resulta absolutamente esencial contar con información veraz ya que, de lo contrario, la eficiencia de aquellas podría quedar seriamente comprometida. Así, desde una óptica europea, más vale pecar de exceso de severidad en la supervisión contable de las macromagnitudes nacionales que tener que lidiar con un nuevo caso de irresponsabilidad griega.

Escrito por

Doctor en Ciencias Económicas por la USP CEU. Profesor de MBA en la Universidad Antonio de Nebrija. Miembro del Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USP CEU-MAPFRE-IdL

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