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Con el cierre de Garoña, España pierde otra ocasión para debatir su modelo energético

El Gobierno anunció el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), la central nuclear más antigua de España, pese a que el Consejo de Seguridad Nuclear avalaba la reapertura.

El cierre definitivo de Garoña es otra oportunidad perdida. Una más. Y van unas cuantas. Hemos dejado pasar otra ocasión para debatir con argumentos racionales el modelo energético que queremos, de analizar los pros y contras de cada tecnología. Huimos del apasionamiento súbito que provoca sólo la evocación del vocablo “nuclear” quizá porque las posiciones, más emocionales que razonadas, parecen prefijadas por criterios políticos aparentemente inamovibles.

Probablemente sea esa politización la que nos ha impedido entrar a fondo en un asunto que es decisivo para nuestro futuro: la energía que usamos determina el precio de la electricidad que consumimos, los costes de la industria y por tanto la competitividad del tejido empresarial, su capacidad para generar riqueza y puestos de trabajo; condiciona decisivamente nuestras relaciones internacionales dada nuestra elevada dependencia del exterior y determina incluso la calidad del aire que respiramos. Es por tanto un asunto decisivo que requiere de algo más que una decisión rápida firmada en un decreto. España necesita una estrategia nacional estudiada y debatida, sustentada en amplios consensos, que nos permita afrontar el futuro con garantías, a salvo de las decisiones en caliente, demagógicas y oportunistas en buena parte de los casos, provocadas por hechos coyunturales.

La gran objeción que ponen sus detractores a la energía nuclear es la seguridad. Citan tres argumentos de peso: Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima. Tres gravísimos accidentes que tuvieron al mundo en vilo. Sus defensores lo rebaten asegurando que la nuclear es hoy por hoy la única alternativa al petróleo y el carbón, los grandes responsables del cambio climático. En La venganza de Gaia, J.E. Lovelock, que se define a sí mismo como “un verde, pero sobre todo un científico” asegura que “incluso si tuvieran razón en cuanto a sus riesgos -y no la tienen- su uso implicaría una amenaza despreciable con el auténtico riesgo de olas mortíferas de calor y elevaciones del mar que amenazarán todas las ciudades costeras del mundo. La energía renovable suena bien, pero hasta el momento es ineficiente y cara”.

España necesita una estrategia nacional estudiada y debatida, sustentada en amplios consensos, que nos permita afrontar el futuro con garantías, a salvo de las decisiones en caliente, demagógicas y oportunistas

La ausencia de CO2 es una de las bazas a favor de la tecnología nuclear, sólo en España evita la emisión de 40 millones de toneladas a la atmósfera cada año. La industria cita otras tantas: el uranio está asegurado durante al menos cien años, el suministro de electricidad es seguro porque no obedece a factores externos como el viento o el sol, emplea a 30.000 personas altamente cualificadas la mayoría, favorece la independencia a la hora de tomar decisiones en el panorama internacional y ha propiciado otros usos, como el de la medicina, muy beneficiosos para la humanidad. También la proliferación de armas nucleares, apostillan sus críticos, muy preocupados además por el efecto de residuos con una altísima vida activa.

Argumentos hay pues a favor y en contra. En principio, no habría más que ponerlos en una balanza, convenientemente ponderados, para fijar una posición. Pero, tanto si decidiéramos mostrarnos abiertamente contrarios a la energía nuclear como si nos decantáramos por convertirnos en sus más firmes adalides, estaríamos errando el tiro porque hemos olvidado la posición de partida.

Soluciones reales contra la contaminación

Y es que no se trata de debatir si queremos centrales nucleares o no, porque en España ya hay centrales nucleares. Por tanto, lo que debemos dilucidar es si las mantenemos abiertas o las cerramos. Y ahí entran en juego juicios al margen de los científicos, que escapan en muchos casos a nuestra comprensión. Nos guste o no, la economía es un factor determinante. A lo largo de los últimos años, nos hemos quejado amargamente de la brutal subida de la tarifa eléctrica. Pagamos un 20% más que la media de la Unión Europea. Y el precio en Europa supera en un 40% el de Estados Unidos.

La diferencia, que es sustancial, no es fortuita. En Norteamérica, son las empresas las que, únicamente en función de criterios económicos, deciden invertir en una u otra tecnología para generar electricidad. En España, se hacen planificaciones energéticas que, como la historia demuestra, siempre resultan fallidas. Después de varios cortes de suministro a principios de los 90, se decidió aumentar la capacidad de generación. Por decisión política se construyeron centrales de ciclo combinado a mansalva que, cuando entramos en recesión, durante la crisis, estuvieron paradas.

La ausencia de CO2 es una de las bazas a favor de la tecnología nuclear, sólo en España evita la emisión de 40 millones de toneladas a la atmósfera cada año

Y esa sobrecapacidad hay que pagarla. Como hay que pagar las subvenciones a las renovables dictadas por decreto, las compensaciones por la retirada abrupta de esas subvenciones decidida también por decreto o la propia moratoria nuclear. Más del 60% de la tarifa son costes políticos. Y los que no van incluidos en tarifa, se pagan de los Presupuestos Generales del Estado, que salen también de nuestro bolsillo, de los impuestos que pagamos.

Tras el cierre de Garoña, se mantienen siete centrales en activo. Suman una potencia superior a los 14.000 Kwh. Almaraz I cumple cuarenta años en 2021. Tenemos cuatro años para decidir si seguimos cerrando esas plantas o, tal y como está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, prolongamos su vida útil hasta los 60 años. Siempre y cuando, claro está, se cumplan como condición previa todos los requisitos de seguridad que supervisa concienzudamente el Consejo de Seguridad Nuclear.

Podemos clausurar esas siete centrales, pero debemos saber que eso conllevará la subida inmediata de la tarifa eléctrica, dado que las renovables son más caras, y el aumento de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero que emiten las centrales de ciclo combinado que funcionan con carbón y gas. Lo más sensato, sería que el Congreso consensuara un marco normativo a largo plazo que permita  tomar decisiones de inversión. Y que sean los consumidores, que al fin y al cabo son los que pagan, los que tengan la última palabra. ¿Por qué no lo debatimos?

Imagen de portada: Vista del reactor de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo cierre definitivo ha sido  anunciado por el Gobierno | Agencia EFE
Escrito por

Periodista. Coordinadora de Economía de los Servicios Informativos de Telemadrid, colabora con EsRadio, El Economista y es profesora de la Escuela de Marketing ESIC. Autora del libro "Gabinete de crisis".

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