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La trampa que prepara Cristóbal Montoro para aplicar un ‘catastrazo’ histórico y constante

El nuevo valor de referencia para el Catastro que se incluye en los Presupuestos para 2018 deja la puerta abierta a la continua subida de impuestos. En un contexto electoral, se plantea un gravamen que se eleva de forma leve pero constante en el tiempo.

La introducción de un nuevo “valor de referencia” de la vivienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que acaba de presentar el Gobierno ha generado un lógico y más que justificado halo de incertidumbre entre los propietarios de inmuebles, ya que la finalidad de este indicador consiste en que el Catastro refleje el precio de mercado de los pisos en tiempo real, lo cual se podría traducir en nuevas y sustanciales subidas de impuestos.

Según indica el texto presupuestario, “la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos [notarios] en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga”. De este modo, el Catastro dispondría de un índice actualizado y muy próximo al precio real de mercado para tasar los inmuebles y, puesto que el valor catastral constituye la base imponible de tributos tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), su aplicación otorgaría a los ayuntamientos la posibilidad de disparar la carga fiscal sobre los propietarios.

Los Presupuestos del Gobierno intentan agradar a todos y se olvidan de las reformas

Hasta ahora, la revisión de los valores catastrales a través de masivas auditorías urbanas se efectuaba de forma más o menos periódica cada ciertos años, aunque con mayor frecuencia durante la crisis, pero sin ajustarse, en todo caso, a la evolución real de los precios inmobiliarios, bastante superiores, en general, al índice oficial que emplean los ayuntamientos. Así pues, si el tradicional valor catastral se sustituyera por el índice de precio de la vivienda que elaboran los notarios, el IBI podría registrar una subida histórica, cuyo coste afectaría al 80% de las familias españolas que, hoy por hoy, poseen un inmueble.

El Ministerio de Hacienda, sin embargo, se apresuró a aclarar que, en realidad, se trata de un valor diferente al catastral, de modo que no tendrá ninguna incidencia desde el punto de vista fiscal. Según señaló en su comunicado, “el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al Valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los Ayuntamientos”.

Y añade: “El nuevo valor de referencia del mercado nace para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia. Será una herramienta útil para controlar el fraude. El nuevo valor se referencia se ofrecerá como índice, garantía y transparencia en el mercado inmobiliario”. Es decir, según el Gobierno, se trataría de una especie de dato estadístico que se pondría a disposición de Administraciones y ciudadanos con fines meramente informativos, sin dar más detalles al respecto. Pero, si no es para recaudar más, ¿qué sentido tiene semejante cambio? En realidad, ninguno.

Subidas progresivas pensando en las elecciones

Lo que está haciendo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es sentar las bases del futuro valor catastral que servirá de referencia para aplicar el IBI y el resto de tributos asociados al precio de la vivienda. En lugar de hacer este drástico cambio de una sola vez, con el negativo impacto electoral que ello supondría, lo hará de forma progresiva, preparando así el terreno de cara a la futura sustitución del valor catastral. No en vano, a partir de ahora los ayuntamientos dispondrán de un nuevo índice en el que fijarse a la hora de orientar su política fiscal. Es cuestión de tiempo que los alcaldes exijan la sustitución del Catastro por este nuevo indicador o, como mínimo, que se tenga en cuenta a la hora de recaudar el IBI con el objetivo de engordar aún más las arcas municipales.

De hecho, esta idea no es nueva. PP y PSOE también coinciden en esto. Ángel Manuel Álvarez Capón, antiguo director general del Catastro bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya avanzó las líneas generales de este nuevo modelo a finales de 2011. Uno de los objetivo que incluía el Plan estratégico 2009-2013 de la Dirección General del Catastro era analizar alternativas para actualizar de forma continua el valor catastral de los inmuebles. “La orientación estratégica es clara: se deben reducir los tiempos de incorporación al Catastro de las alteraciones físicas o jurídicas que se producen en los inmuebles con el objetivo de reflejar la realidad inmobiliaria en todo momento”, destacaba entonces el citado director.

Y añadía: “En tanto en cuanto el valor catastral es un instrumento para cuantificar la capacidad económica asociada a la titularidad de bienes inmuebles, es necesario conocer de forma sistemática su relación con el valor de mercado con el objeto de facilitar tanto la gestión y control tributario, como la asignación de recursos públicos en el marco de prestación de servicios”. Y, en concreto, hacía referencia a la posibilidad de emplear los datos procedentes de notarios y registradores.

El mercado inmobiliario se recupera: controlar la avaricia para evitar una nueva burbuja

La idea, en el fondo, es sencilla. En lugar de realizar revisiones catastrales masivas cada varios años, con la consiguiente desactualización de precios que ello supone, el Catastro dispondrá ahora de un índice de precios actualizado de forma permanente, posibilitando así subidas fiscales no tan pronunciadas, pero sí constantes en el tiempo, lo cual se traducirá en una mayor recaudación -especialmente ahora que la vivienda se recupera- y un menor impacto electoral, ya que el efecto de la subida no es tan perceptible -el IBI no subirá de golpe, de un año a otro, tras la revisión, sino de forma progresiva, año tras año-.

Asimismo, la Fundación Impuestos y Competitividad recomendaba algo similar en 2013 en un informe sobre propuestas para mejorar la fiscalidad inmobiliaria:

“Es preciso llevar a cabo una reflexión crítica sobre la utilización del valor catastral como base imponible del IBI […] En este sentido, habría que avanzar hacia el establecimiento de un valor administrativo de los inmuebles que funcionara como valor de referencia para la totalidad de los tributos inmobiliarios y que se fijará, con una alta frecuencia, en niveles estadísticamente representativos del comportamiento del mercado […]

Este objetivo puede conseguirse mediante una reforma del modelo de valoración […] Ello no exige tanto una reforma normativa como un cambio en el modo de actuar del Catastro. Se trata de que dicho organismo sea capaz de asignar valores que reflejen los de mercado, así como la constante y rápida evolución del mercado inmobiliario. De esta forma, se tendría una base imponible del IBI más próxima a la realidad. […] La reforma pasaría por potenciar la actualización de los valores a través de la LPGE [Ley de Presupuestos Generales del Estado]”.

Un gravamen seguro para Hacienda

Esto es justo lo que acaba de aprobar Montoro por la puerta de atrás, sin dar muchas pistas al contribuyente. Ahora solo falta que el proyecto presupuestario del Gobierno salga adelante en el Congreso. Los efectos de este cambio no serán inmediatos, pero sí muy sustanciales, ya que, tal y como advierte la citada fundación, “en el momento en que se introduzcan estos nuevos valores de referencia, se producirán aumentos muy importantes de la base imponible del IBI y, por tanto, de las cuotas tributarias”, a no ser que se articule algún tipo de mecanismo para que los ayuntamientos puedan reducir la carga tributaria, al menos de forma transitoria.

Gravar la vivienda es lo más fácil y eficaz del mundo para Hacienda, ya que se trata de un activo que no tiene escapatoria. No es casualidad, por tanto, que el IBI haya sido el único tributo del sistema fiscal español cuya recaudación aumentó durante la crisis. En 2016, superó ampliamente los 13.000 millones de euros de recaudación, el doble que en el año 2006, en plena burbuja inmobiliaria, debido a los continuos catastrazos aplicados en los últimos años.

Catastro

Fuente: Fundación Impuestos y Competitividad a partir de datos del Ministerio de Economía y Hacienda

Además, cabe recordar que el valor catastral no solo sirve de referencia al IBI, sino que se extiende a otros tributos como, por ejemplo, el IRPF, donde se declara la imputación de renta de inmuebles que no son vivienda habitual ni están alquilados ni destinados a una actividad económica, así como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente denominado plusvalía municipal, cuya base imponible también se determina por el valor catastral que tiene el suelo.

En definitiva, Montoro, demostrando una vez más su enorme apego a las subidas de impuestos, deja la puerta abierta con este cambio a un incremento constante y sustancial de la fiscalidad inmobiliaria, aprovechando que el precio de la vivienda aumenta y que la mayor parte del ahorro que acumulan las familias españolas se concentra, precisamente, en las casas. Una jugada maestra para sablear, una vez más, al contribuyente.

Imagen de portada: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro | congreso.es
Escrito por

Periodista. Redactor jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Miembro del Instituto Juan de Mariana. Máster en Periodismo por la USP CEU-El Mundo.

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