Carlos Cuesta | 24 de enero de 2018
Hablaron los sindicatos. Y lo hicieron para criticar el cálculo de las pensiones tomando como base toda la vida laboral. Una propuesta de cálculo que, por cierto, es limitada porque, por el momento, el plan del Partido Popular pasa por convertirlo en una opción voluntaria, exclusivamente para aquellos que alcancen la cifra de 38 años cotizados. Y una propuesta que, con bastante probabilidad, irá anticipada por una fórmula intermedia en la que la elección se limitaría a seleccionar los 25 años deseados por el cotizante para el cálculo de su pensión. cálculo de las pensiones
Pero los sindicatos ya han dicho que la propuesta no les gusta. No han planteado ninguna reforma alternativa, más allá de que se saquee a la población con más impuestos aún. Simplemente han dicho que no les gusta.
Prometer una subida de las pensiones superior al 0’25% es una irresponsabilidad populista
La razón de la crítica sindical no está clara. Porque, si es una propuesta de libre elección, es difícil de entender su oposición, al margen de por el hecho de que la propuesta viene del PP y, por lo tanto, sus mandos políticos –PSOE, en el caso de UGT, e IU, en el caso de CCOO– han dado la orden de usar todo -incluido el sistema de pensiones- para hacer campaña política. Es más, será difícil encontrar un caso en el que el cotizante opte por este nuevo sistema para el cálculo de pensiones -salvo por error- sin que el mecanismo de cálculo le beneficie. Porque su aplicación, es conveniente remarcarlo, se ha planteado como absolutamente voluntaria.
Pero, por lo visto, eso no ha sido un problema para que los sindicatos se lancen al cuello de la propuesta. Según CCOO, porque es “una ocurrencia más del Gobierno”. Una ocurrencia, por cierto, que ha olvidado CCOO señalar que ya está en marcha en países como Bélgica o Alemania. Pero el secretario general de CCOO, Unai Sordo, directamente se ha negado ni a estudiarla porque, según él, no puede tomar en consideración permanentemente “las propuestas de telediario” que hace la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Porque llevaría a una especie de teléfono escacharrado. Y porque se le ocurren “muchos escenarios en los que poner estas propuestas aparte de en un plató de televisión”.
Los argumentos del resto de sindicatos para descalificar una medida que, no solo es más justa aplicada de forma voluntaria, sino que en breve tendrá que implantarse de forma general por necesidad del sistema público de pensiones, son de parecida profundidad. Para UGT, la propuesta del PP, trasladada ya a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, no es una solución para “los mayores damnificados por la reforma laboral”. La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, fue más allá y dijo que se dirige, por ejemplo, a quienes se hayan visto afectados en su última etapa laboral por despidos y precisó que no ve “una solución en esta propuesta”. En su lugar, añadió, “le pedimos al Gobierno que haya una compensación especial para los mayores damnificados por la reforma laboral” y refuerce la protección por desempleo, mezclando asuntos que nada tienen que ver con la propuesta y sin llegar en ningún momento a explicar de dónde saca los cálculos para afirmar que no es una solución porque sí lo es: al poder esquivar esos trabajadores los años de menores ingresos tras una mala recolocación laboral, permite evitar que la crisis tumbe el cobro de la pensión. Y, aunque es cierto que esta propuesta para el sistema de pensiones no arregla el problema de los que no alcanzan los 38 años de cotización, haría bien UGT en explicar -en caso de querer extender el plan a todos los cotizantes sin límites- de dónde piensa sacar los fondos para pagar una barra libre de elección. Porque quebraría el sistema.
Subir impuestos para pagar pensiones . El plan suicida del PSOE secaría las arcas nacionales
El sindicato LAB se ha sumado a las descalificaciones de esta propuesta para el cálculo de las pensiones. Y lo ha hecho, además, sin gran originalidad. Ve la propuesta como la “última ocurrencia” de la ministra española de Empleo, Fátima Báñez. Como “una pequeña tirita” que beneficiará a “muy poca gente” y que “no soluciona ningún problema” del sistema público de pensiones. Por supuesto, LAB no ha planteado una propuesta alternativa. Simplemente, en boca de la responsable de política social del sindicato abertzale, Beatriz Martxueta, se trata de “un globo sonda” y de una medida “pobrísima que no ataja ningún problema de los que están ahora encima de la mesa”.
¿Tienen fundamento estas críticas? Veamos los datos reales de la situación de las pensiones.
Pese a las críticas habituales a la cuantías de las pensiones, la realidad es que España es, claramente, uno de los países de Europa más generosos en sus prestaciones públicas por jubilación. En España, las pensiones medias se sitúan por encima del 80% del último sueldo percibido. En la UE, la media es treinta puntos inferior: ronda el 50%, porque en la mayoría de países se da por hecho que cada uno es responsable de contar con una bolsa de ahorro privado.
De hecho, salvo casos puntuales, son solo los trabajadores con un sueldo superior a 75.000 euros los que pierden sensiblemente poder adquisitivo si pretenden vivir exclusivamente de las pensiones públicas.
Pero este esquema de generosidad dentro del sistema de cálculo de las pensiones está llegando a su fin por un factor que nada tiene que ver con el deseo de ningún partido. Lo está haciendo porque es insostenible. Porque solo se podría mantener con un auténtico saqueo fiscal que provocaría una detracción económica tan brutal que el empleo se mermaría y, con él, sería aún más difícil mantener el nivel mínimo de cotizantes necesario para pagar las pensiones.
Porque, pese a crear más de 600.000 empleos anuales, España sigue cerrando hoy en día con un déficit anual en las pensiones superior a 18.000 millones -pese a las inyecciones adicionales de fondos-.
Porque, como prevé Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), dentro de 30 años, ese déficit alcanzará los 78.000 millones (cuatro veces más), debido al envejecimiento de la población, y ello pese a realizar el cálculo con niveles de empleo del 73%, netamente superiores a los actuales del 61%.
Y porque el gasto total en pensiones llegará en tres décadas al 17,4% del PIB, 6,4 puntos más que en la actualidad, simplemente porque el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad sumarán 6,8 millones de personas al sistema de pensiones. Y es que la tasa de fecundidad por mujer se sitúa en el 1,07, lo que provocará que la población en edad de trabajar se reduzca en otros 7,1 millones de personas.
Esa es la realidad de la que no quieren hablar los sindicatos. Y esa es la demagogia que practican en un momento en el que todos los partidos deberían estar ya alertando a la población de la situación que está por llegar en las pensiones y de la necesidad de buscar fórmulas realistas de financiación -incluido el alargamiento general del cálculo de las pensiones a toda la vida laboral e incluidas rebajas fiscales para favorecer el ahorro privado como compensación al recorte- porque, en caso contrario, el susto será tan repentino que no habrá tiempo para reaccionar. cálculo de las pensiones
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.
