Hay jinetes de luz en la hora oscura
Stefanie C. Müller | 13 de marzo de 2017
El cambio brusco de la supervisión bancaria en España se produjo con la llegada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. La política aplicada consistía en tapar agujeros en el sector bancario y así prolongar el crecimiento económico basado en la concesión de créditos. Una política irresponsable, considerando los crecientes riesgos en las Cajas de Ahorro y en algunos bancos.
Mientras, durante mucho tiempo, ninguno de los organismos estatales o partidos políticos se metía directamente con la institución de supervisión, ahora el Banco de España está en el centro de la atención de muchos porque, finalmente, después de 10 años, también instituciones oficiales como el Tribunal de Cuentas se dan cuenta de los fallos pasados e intentan que no se repitan idénticos errores.
Este mismo ha publicado un documento en el que también critica la actual gestión del supervisor. En su Informe de fiscalización de procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015, describe fallos en la parte de los recursos humanos de la institución. Además, se critica que el Banco de España, actualmente con Luis Linde al frente, no cumple con los propios criterios de inspección. Aparte, se reclama más rigor por parte del Banco de España hacia las entidades donde se detectan fallos.
Jaime Caruana, gobernador del Banco de España desde el año 2000, había contribuido en los primeros años de su mandato a la profesionalización del sector bancario español y consiguió una muy alta eficiencia, mientras que otros bancos europeos estaban en plena crisis. La política de provisiones anticíclicas era respetada y reconocida a nivel internacional. La supervisión in situ era un modelo para muchos bancos centrales.
El Banco de España y, sobre todo sus inspectores, tienen que ser independientes para hacer bien su trabajo y solamente así el sector bancario podrá gozar de una recuperación completa de la crisis financiera
Pero, desde 2004, la independencia del órgano de supervisión era cada vez más cuestionable. En mayo de 2006, al final del mandato de Caruana, la Asociación de inspectores del Banco de España envió una nota informativa al ministro de Economía, por entonces el socialista Pedro Solbes, alertando de la pasividad de los órganos rectores del banco central ante el “insostenible crecimiento del crédito bancario en España». También publicaron el mismo año una carta en El Mundo denunciando la “situación de engaño” en el órgano de supervisión.
Cuando, en 2006, Miguel Ángel Fernández Ordóñez tomó el relevo de Caruana, la situación, ya crítica en el área de supervisión del Banco de España, empeoró todavía más. Inspectores del Banco contactaron con periodistas extranjeros para revelar que se falsificaron los informes que habían hecho en las Cajas de Ahorro: “Vemos todos los agujeros en las cuentas, vemos el enorme riesgo, vemos irregularidades, los hemos denunciado, pero nuestros supervisores han quitado estas partes de los informes. Nosotros queremos que se sepa que los inspectores sí hacemos bien nuestro trabajo».
La imputación de Fernández Ordoñez está relacionada con la salida a Bolsa de Bankia, pero sus responsabilidades van mucho más allá. El que fuera gobernador ha vulnerado claramente con su gestión la independencia del Banco de España. Con su politizada gestión hasta 2012 es, en gran parte, responsable de las fusiones de emergencia que tenían que organizarse entre Cajas para salvar el sistema. El Banco de España fracasó en esta reestructuración y, en consecuencia, fue necesario en el verano del mismo año pedir ayuda a la Unión Europea para salvar a Bankia y a otras entidades similares.
Pero la protesta por parte del Partido Popular y de otros partidos políticos sobre la situación en el Banco de España viene con retraso. Solamente en 2011, un diputado del PP y el expresidente del ICO, Ramón Aguirre, se enfrenta a Fernández Ordónez en el Parlamento con las acusaciones de que ciertos informes de inspecciones de las Cajas desparecen o se falsifican. Algo que ya se sabía desde 2006 se denuncia seis años más tarde. Únicamente con el cambio de Gobierno en noviembre de 2011, el tema de la nefasta gestión en el Banco de España vuelve a estar sobre la mesa y la presión pública ya hace necesario un relevo en el mando del órgano de supervisión.
Luis María Linde, actual gobernador del Banco de España. Foto: bde
MAFO, como se llamaba coloquialmente a Fernández Ordóñez, fue sustituido en junio 2012 por Luis María Linde. Desde entonces, se ha podido recuperar un poco la imagen del Banco de España y la imagen del sector financiero español, pero el hecho de que las personas responsables todavía no hayan sido todas imputadas y que el PP y el PSOE solamente han cedido a una investigación parlamentaria por la presión mediática y de los otros partidos demuestra que todavía hay muchas cosas que se esconden y que el Banco de España va a tardar todavía mucho más en recuperar por completo la buena imagen que tenía al inicio del mandato de Jaime Caruana.
Que el Banco de España todavía no este totalmente limpio se observa con la recogida de firmas en favor de los investigados de este órgano, entre ellos también el exsubgobernador Javier Aríztegui, al igual que los exdirectores de supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello. Esta recogida de firmas fue organizada por el departamento de supervisión actual.
Pero hay una buena noticia: el juicio contra Fernández Ordóñez y el resto de imputados va a sensibilizar a todos de que el Banco de España y, sobre todo, sus inspectores tienen que ser independientes para hacer bien su trabajo y, solamente si está garantizada esta independencia, el sector bancario español puede gozar ya de una recuperación completa de esta crisis financiera.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.