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Cuarta amnistía fiscal en 40 años . Hoy se ve mal lo que hace años resultaba admisible

La “regularización extraordinaria” propuesta por el Gobierno en 2012 ha sido declarada inconstitucional por un defecto de forma. Al mismo tiempo, pone en evidencia una falta de pedagogía por parte del Ejecutivo a la hora de explicar su decisión. 

Tres mociones de censura y cuatro amnistías fiscales parecen resumir ahora los cuarenta años de la democracia española. Ni la reciente moción de censura mediática del llamado “dúo Ceaucescu” Montero-Iglesias ni la última amnistía fiscal en forma de “regularización extraordinaria” pasarán a la historia como acontecimientos ejemplares.

Hay que decir que la primera amnistía fiscal fue la del Gobierno socialista de Felipe González en 1984, siendo ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer. Esta exigía comprar pagarés con el dinero oculto al fisco: los conocidos como “afros”.

La segunda amnistía fiscal vendría a los siete años, en 1991, con el mismo gobierno socialista y Carlos Solchaga en el citado ministerio.

La tercera amnistía fiscal, en forma de “regularización”, vendría en 2010, con el también Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la entonces ministra de Economía, Elena Salgado. Los técnicos de Hacienda Gestha intentaron procesar entonces por prevaricación al director de la Agencia Tributaria, en un procedimiento que finalmente fue sobreseído. Entonces se permitió regularizar el “dinero negro” enviando un simple requerimiento a 558 titulares de cuentas opacas con unos 6.000 millones de euros en la filial suiza del HSBC. Así, al advertirles previamente, se les permitió evitar una inspección fiscal que hubiera conllevado delito fiscal, cárcel y, por supuesto, fuertes sanciones.

¿Una amnistía fiscal válida pero inconstitucional?

El problema es que hoy se ve mal en España lo que hace años tenía otra interpretación. Entonces podía resultar admisible que cada nuevo gobierno o, tras cierto número de años, se intentara hacer aflorar el dinero negro que pudiera existir dentro o fuera del país por supuestos o imaginarios males pasados o defectuosos sistemas impositivos de gobiernos precedentes. La propia OCDE permite recomendar este tipo de medidas extraordinarias dentro de un marco más amplio conducente a una mejor lucha futura contra el fraude. Aunque el presidente Aznar nunca lo hizo en sus ocho años de mandato.

Situación económica de excepción

Sin embargo, en abril de 2012, el Gobierno de Rajoy aprueba una cuarta amnistía para particulares y empresas pagando un impuesto del 10%. Se le llamó, en esta ocasión, “regularización extraordinaria”. Su particularidad era que -a diferencia de las anteriores- a quienes se acogieran a ella no se les garantizaba que no se investigaría el origen ilícito del dinero aflorado, con lo cual a nadie se garantizaba que no fueran a tener posteriormente problemas judiciales. Un ejemplo ha sido el propio Rato, que ha visto así aumentar sus problemas con la Justicia.

Es decir, la amnistía fiscal del PP tenía la particularidad de que en esta cuarta ocasión Hacienda avisó expresamente de que, aunque el delito fiscal quedaba perdonado, no se renunciaba a investigar si el origen del dinero era lícito o ilícito. Cuando lo normal es que las amnistías fiscales, cuando se producen en cualquier país, no entran en el origen del dinero, con el argumento de que la “Hacienda está capacitada para discutir la cuestión fiscal, pero no la jurídica”.

Se estimó una recaudación extra para las arcas públicas de 2.500 millones de euros, ante lo que se consideraba una situación económica excepcional. Con ellos se pretendía afrontar mejor el súbito ajuste de 27.300 millones de euros con el que reducir hasta el 5’3% el déficit público acordado con los socios europeos en Bruselas, desde el 8’5 de 2011, el cual pronto se comprobó que era superior al 11%, en cuanto con la ley de pago a proveedores empezaron a aflorar las facturas impagadas de todas las Administraciones Públicas pendientes de años anteriores.

Una amnistía fiscal que afloró 40.000 millones de euros

La amnistía de 2012 tuvo la importante virtualidad de hacer aflorar 40.000 millones de euros, equivalente a casi el 4% del PIB español. A ella se acogieron 31.484 contribuyentes con dinero oculto al fisco, obteniéndose una recaudación de 1.191 millones de euros, aunque se había previsto el doble. Entre quienes se acogieron, están dos hijos de Jordi PujolDiego Torres, algunos de los relacionados con la trama Gürtel, como Luis Bárcenas, y el empresario inmobiliario Fernando Martín.

La telaraña de los Pujol

No obstante, el ejemplo para los contribuyentes a quienes se gravaba por IRPF hasta el 52% de sus ingresos, frente a los que se ofrecía “regularizar” al 10%, no parecía nada estimulante. Era una contradicción pedir sacrificios salariales y subidas de impuestos generales a la ciudadanía, ofreciendo a defraudadores la posibilidad de aflorar patrimonio oculto. Máxime si no se hacía una pedagogía suficiente respecto a la operatividad de la medida, forzados por la grave recesión económica.

A los cinco años, esa “regularización extraordinaria” acaba de ser declarada anticonstitucional por unanimidad, debido a un defecto de forma, según sentencia del Tribunal Constitucional. No valía un “Decreto Ley”, sino que era necesario una reserva de Ley o “Ley”, lo que resulta extraño que pasara por alto la Abogacía del Estado. Aunque también hay una crítica de fondo, en la medida en que la sentencia habla de la “regularización” como de “una abdicación del Estado”, en cuanto favorece a los defraudadores frente al resto de los contribuyentes que cumplen con el deber de contribuir, considerado fundamental.

No obstante, tampoco el Constitucional llega a decir que las amnistías fiscales sean anticonstitucionales. Si esta cuarta amnistía era necesaria, faltó pedagogía y finura jurídica. En todo caso, el dictamen avala las regularizaciones presentadas y no cuestiona las investigaciones abiertas a los amnistiados. Y, de hecho, el fisco ha recaudado últimamente 189 millones de euros más por las 3.545 inspecciones realizadas hasta la fecha, que afectan al 11% de los acogidos. En este sentido, podemos decir que el efecto de la sentencia es económicamente nulo.

Imagen de portada: Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso de los Diputados con el Gobierno al fondo | Congreso.es
Escrito por

Catedrático de Economía Aplicada en USP CEU. Colaborador en medios como La Razón, Expansión y El Economista.

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