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Mil días de Felipe VI como rey . La ley no permite al monarca intervenir en el Gobierno

Se cumplen mil días de Felipe VI como rey. Una etapa de cambios en la que el bloqueo político puso en riesgo la normalidad institucional recuperada por la Casa Real. Se le quiso trasladar la responsabilidad de formar gobierno, pero el papel de la Corona se ha limitado a cumplir lo que el texto constitucional establece.

Debido a la crisis institucional, nos hemos visto abocados a repetir unas elecciones por vez primera en la singladura política democrática. Ha sido una crisis propiciada tanto por la negativa primera del candidato del partido más votado a formar gobierno como por la incapacidad de los restantes partidos a llegar a acuerdos que facilitaran esta opción. Algunas voces de esos mismos partidos, algunos con escasa o nula experiencia en el ejercicio del poder, propugnaron una idea ciertamente singular para una Monarquía parlamentaria como la española: la posibilidad de que Felipe VI interviniera de una cierta forma, sin concretar, ayudando a salir de una situación que amenazaba prolongarse y que ha habido que resolver con nuevas elecciones y, esta vez sí, con esos acuerdos y abstenciones que han facilitado la formación de un nuevo gobierno.

Con independencia de un cronómetro que parecía jugar en contra, marcando tiempos a disgusto de la clase política empecinada en sus posiciones, se ha creado en los ciudadanos una sensación de cansancio y de hastío. Incluso sobre aquella que se presentaba como la antítesis de la hasta ahora clase política conocida o reconocida a través del régimen del 78. Lo cierto es que la solución que se planteaba para salir del impasse político era inviable, por una razón de peso muy sólida: la misma Constitución lo hacía imposible.

Algunas voces de la política con escasa o nula experiencia en el ejercicio del poder propugnaron la posibilidad de que el rey interviniera de una cierta forma que no concretaron

El papel de la Corona en la transición estaba claro. Se ha destacado por parte de todos la figura del padre de Felipe VI como impulsor de la democracia, de manera que Don Juan Carlos realizó una apuesta personal por la misma. Cierto es que antes de la Constitución podía hacerlo, es decir, podía frenar o impulsar un proceso democrático, porque sus obligaciones eran tan amplias que encarnaba la soberanía. Las funciones del rey en 1975 pasaban, entre otras, por tener la capacidad de promulgar disposiciones con rango de ley, sancionar decretos leyes, presidir los Consejos de Ministros e intervenir en ellos, prorrogar la legislatura y adoptar medidas de excepción.

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La Constitución limitó el papel de la Monarquía, pasando de una situación en la que el Jefe del Estado encarnaba la soberanía, a otra –por ceñirnos a ese aspecto concreto– donde la soberanía reside en el pueblo y los actos del rey han de estar refrendados. Sí puede decirse, como efectivamente comentó el mismo protagonista, que Don Juan Carlos fue el único dueño de sus palabras y de sus actos hasta que apareció la Constitución y, a partir de ella, el papel de la Corona no puede salirse de los estrechos límites del ordenamiento constitucional. De hacerlo, podría estar incurriendo en un quebrantamiento de la legalidad establecida y cayendo en una posición similar a la que llevó a alguno de sus antepasados, Alfonso XIII o Isabel II, a la caída de la Monarquía que representaban.

Con la Constitución de 1978, todas aquellas prerrogativas anteriores al ordenamiento constitucional desaparecieron y el papel del rey pasó al de ser ese árbitro y moderador de las instituciones que le reserva el artículo 56. Un artículo que alude a algo que se ha cernido como una sombra durante este periodo de tiempo en el que algunos han querido incidir destacando la crisis institucional: el llamado “funcionamiento regular de las instituciones”.

Trasladar la responsabilidad al Monarca, exigiendo que desempeñe una función bien distinta de la que delimita el artículo 99 de la Constitución, implica situarse en un terreno de juego distinto al de la propia Constitución

Lo cierto es que en esta pretendida crisis institucional, donde hemos tenido un gobierno en funciones, se ha demostrado que hay mecanismos jurídicos que nivelan la balanza de la política, por más que haya quien pretenda una política envalentonada en las calles. Se puede proponer si se quiere otro sistema o incluso propugnar la reforma de la Constitución, pero con el texto constitucional en la mano y con el ordenamiento jurídico no se puede jugar. Otra caja de Pandora de muy incierto resultado, salvo que se quieran aceptar, a beneficio de inventario, las posibles consecuencias.

El papel de Felipe VI en este lapso de tiempo se ha limitado a seguir lo que el texto constitucional establece y no debe ir más allá. Los partidos políticos no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre la necesidad de que, en cualquier proceso electoral, sea general, autonómico o municipal, gobierne la lista más votada. Por eso, cuando un partido no alcanza la mayoría absoluta, aparece ese viejo sistema de encuentros y desencuentros donde los responsables del mismo son perfectamente reconocibles para el ciudadano. Pero trasladar la responsabilidad al Monarca, exigiendo que desempeñe una función bien distinta de la que delimita el artículo 99 de la Constitución, interviniendo y aconsejando, proponiendo y estableciendo como algunos, quizá debido a su inexperiencia o, lo que es peor, desconocimiento de las reglas del sistema constitucional, han pretendido, implica situarse en un terreno de juego distinto: el de atribuir a Felipe VI una prerrogativa que no vale y un papel que no le corresponde como representante de una Monarquía parlamentaria. No cabe otra lectura y la imaginación en este ámbito no tiene cabida.

Foto de portada: El presidente del gobierno Mariano Rajoy saluda a Felipe VI momentos antes de la inauguración de la legislatura. Agencia EFE
Escrito por

Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la UCM.

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