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La SGAE obstaculiza la interpretación de la Zarzuela mientras Teddy Bautista espera juicio

La tortuosa política de la SGAE pone cortapisas a la interpretación de la zarzuela para ingresar más por los derechos de autor de las obras de este género. Era vox pópuli que Teddy Bautista acumulaba influencias, pero nadie imaginó que la entidad era la cueva de Alí Babá. Tras obstaculizar a la justicia durante casi siete años, se ha abierto juicio oral contra él y otros acusados. 

Muchos intérpretes musicales, tanto directores como titulares de orquestas, formaciones más pequeñas y solistas están que trinan con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por las rocambolescas cortapisas que ponen para la interpretación del más genuino género musical español: la zarzuela. Las 600 obras de nuestra música más universal adormecen por culpa de la política tortuosa que practica la SGAE con los derechos de autor de esas composiciones, que dificulta que puedan interpretarse con la asiduidad que querrían intérpretes y promotores porque la entidad inventa lo inimaginable para decir que son arreglos y, así, cobrar un potosí.

Y mientras estas trabas se mantienen, la SGAE continúa sin adaptar sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual para cumplir con la directiva europea sobre gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y concesión de licencias multiterritoriales, exponiéndose a una sanción del 5% de la facturación y a ser intervenida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta última medida, pero de carácter judicial, debería haberse adoptado el 1 de junio de 2011, cuando el juez Pablo Ruz Gutiérrez, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, decretó detención y posterior libertad con cargos del presidente de la SGAE, Teddy Bautista, en el transcurso de la Operación Saga contra la trama parasitaria instalada en la entidad durante los treinta años que el músico canario reinó, como Luis XIV, en el Palacio de Longoria, joya modernista de Madrid construida entre 1902 y 1904.

Como la justicia no lo hizo y nadie lo solicitó (ni siquiera los titulares de la cartera de Cultura en gobiernos del PSOE y del PP), las sucesivas juntas de Gobierno se han tapado mutuamente, obstaculizando la labor del magistrado, retrasando el envío de la documentación solicitada o arguyendo que el material demandado ni está ni se le espera. Con esta técnica, se ha dilatado casi siete años la apertura de juicio oral, que definitivamente se celebrará en próximas fechas. Y mientras tanto y por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid que la SGAE decidió no recurrir, el señor Bautista recibió una indemnización de 1.400.000 euros y cobra una pensión mensual de 26.269 euros (sí, ha leído bien: 26.269 euros) con carácter vitalicio, en virtud de un seguro del plan de jubilación de Teddy Bautista que el Consejo de Dirección de la SGE aprobó suscribir en enero de 2000 con Vidacaixa, dentro del contrato especial de alta dirección que Bautista firmó con la benefactora entidad.

Perjuicios y pérdidas constantes para la SGAE 

Ahora, con un nuevo titular en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el juez José de la Mata Amaya ha abierto juicio oral contra Eduardo ‘Teddy’ Bautista y el exdirector de la SDAE, filial digital de SGAE, José Luis Rodríguez Neri y les pide, junto con otros nueve acusados, una fianza conjunta y solidaria de 63,4 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, de los cuales 47,6 millones corresponden, según la Fiscalía, al total del perjuicio causado a la SGAE y el resto, 15,8 millones, al tercio estipulado por ley. De la Mata considera que los encausados pusieron en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE” a la organización “comandada” por Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a la mercantil Microgénesis de “decenas de millones de euros, supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas”. Ello causó “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores, añade el auto, que señala como responsables civiles subsidiarios de los 63,4 millones de euros a varias mercantiles, entre ellas Microgénesis S.A., Microgénesis Producciones S.L., Microgénesis Media S.L., Communi TV e Hipotálamo S.L.

Los acusados deberán, además, prestar fianzas en concepto de multas, que en el caso de Bautista es de 180.000 euros; de 360.000 para Rodríguez Neri y Rafael Ramos Díaz; de 100.000 para Enrique Loras García, Ricardo Azcoaga y Leticia Rodríguez; de 344.000 para Eva García Pombo, María Antonia García Pombo, Elena Vázquez Rodríguez y Celedonio Martín, y de 240.000 para Juana Rodríguez Neri. La Fiscalía pide para Rafael Ramos 12 años de cárcel y para María Antonia García, mujer de Rodríguez Neri, su hermana Eva y Elena Vázquez, cuñada del exdirector de la SDAE, 6 años de cárcel, la misma pena que solicita para Enrique Loras y Ricardo Azcoaga.

La operación policial sacó a la luz y cuantificó un expolio que dejó atónitos incluso a los más furiosos detractores de la entidad. Hasta entonces, había cosas que exigían aclaración, como el reparto de los derechos de autor de creadores no identificados, y era vox pópuli que Bautista acumulaba influencias y poder sin par, pero nadie imaginó que era la cueva de Alí Babá. El auto de Ruz descubrió una trama que habría desviado decenas de millones de euros. Los presuntos responsables pertenecían a la cúpula directiva de la SGAE y el sospechoso de organizar la red, José Luis Rodríguez Neri, era el director general de SDAE, Sociedad Digital de Autores y Editores, nombrado por Bautista, con la que contrataba la SGAE y que desviaba fondos a Microgénesis, sociedad colocada en lo más alto de una estructura piramidal de compañías fantasmas gestionadas por Neri y varios familiares.

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El auto afirmó que Bautista tenía “suficiente conocimiento de las vinculaciones existentes entre Neri y Microgénesis”, lo que lo situaba en una posición desde la que habría “autorizado, consentido y también impulsado” la trama. Tanto Neri y Bautista como el director general de la SGAE, Enrique Loras, y el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga, fueron imputados por diferentes delitos. En septiembre de 2011, se conoció que Bautista había gastado en tres años 293.000 euros en hoteles de lujo con cargo a la entidad. Otros imputados hicieron cargos con tarjetas de diferentes empresas de la trama por más de 365.000 euros en dos años. En octubre de ese año, el ex jefe de Gabinete (¡menudo organigrama de campanillas!) de Bautista, Pedro Farré, fue detenido y, posteriormente, en 2014, condenado a dos años y medio de cárcel, que empezó a cumplir en enero de 2016, por apropiación indebida y falsedad documental. Con su tarjeta corporativa, el directivo, tras veladas y comidas opíparas, visitaba y pagaba (39.552 euros en total) prostíbulos de lujo en compañía de clientes y contactos “útiles” para la sociedad. De su peripecia escribió en prisión el libro Cazado (Editorial Península), donde narra, a modo de thriller, la atmósfera de la SGAE y de España en esos años. Todo muy edificante para una entidad que tiene como fin cobrar y retribuir por derechos de autor a los creadores, apoyar a los que comienzan y, en la medida de lo posible, asistirles cuando, por avatares de la vida, pasan dificultades materiales y afectivas.

En unas cuantas semanas más, se sentarán en el banquillo y quedará visto para sentencia un caso de cleptómanos profundos que ha hundido la credibilidad y el prestigio de una institución cuya historia se remonta al 16 de junio de 1899 y que tiene que culminar la limpieza de sus sentinas y volver a levantar la cara para mirar a los usuarios y ciudadanos con ojos limpios y transparentes.

Imagen de portada: Vista de la fachada de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) | Agencia EFE
Escrito por

Ex Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), articulista de La Voz de Galicia, miembro del Grupo Crónica. Primer director de Noticias de Antena 3 Televisión. Premio Salvador de Madariaga. Antenas de Oro y Plata.

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