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Luchar contra la piratería de los derechos de autor en Internet es más fácil que combatir el terrorismo en la red: es cuestión de una ley clara y punitiva, constancia e instinto de supervivencia. Si los encargados de perseguir lo primero tienen medios suficientes y el mismo celo de los que persiguen lo segundo, los piratas escasearán.

Pero todavía no es así, aunque lo busquen la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y sus diversas modificaciones, porque ni las administraciones se involucran todo lo que deben ni tienen bastantes herramientas ni trabajan con el esmero que se necesita. Acabar con la piratería es utópico, como lo es terminar con el delito. Siempre habrá delincuentes. Pero se trata de combatirlos con eficacia para que nunca estén seguros y comprueben que el que la hace la paga.

Amparada en la falsa idea de que todo lo que está en Internet es gratis, la piratería se ha convertido en el gran enemigo de la industria cultural. De ahí que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual eligieran el 26 de abril como Día Mundial de la Propiedad Intelectual, fecha que rememora la entrada en vigor, en 1970, del convenio constitutivo de la organización, firmado tres años antes en Estocolmo. En España, el director general de industrias culturales y del libro, Óscar Sáenz de Santa María, recordó en su carta de conmemoración del 26 de abril que la estrategia para proteger mejor los derechos de autor pasa por mejorar los criterios legales para remunerarlos adecuadamente, por la puesta en marcha de actuaciones de sensibilización sobre la oferta legal de contenidos culturales y de defensa de la propiedad intelectual y por la dotación de mayores y mejores recursos a la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI).

Lorenzo Silva, #PremioCEDRO2017 por su labor en defensa de la #PropiedadIntelectual: https://t.co/QmTVDTILof I @VilaSilva #DerechosdeAutor pic.twitter.com/9b6bdxR9HP

— CEDRO (@CEDROenlinea) March 29, 2017

A juicio del escritor Lorenzo Silva, premio CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) “por defender los derechos de autor y la propiedad intelectual”, España “no está siendo lo bastante sagaz y decente” en la lucha contra la piratería en Internet, lo que hace que la situación actual de los derechos de autor denote “falta de inteligencia y salud moral colectiva”. Y no le falta razón porque, según los datos del último estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la Unión Europea (UE), titulado “Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual: percepción, concienciación y conducta”, el 96% de los encuestados españoles convinieron en que “la protección de la PI es importante, ya que los inventores, creadores y artistas pueden proteger sus derechos y ser retribuidos por su trabajo”. Ello supone un punto menos que la media de la UE. Un 75% declaró que la adquisición de productos falsificados arruina a las empresas y destruye empleo, 3 puntos por debajo de la media europea, y el 11% admitió haber comprado deliberadamente productos falsificados, cifra 4 puntos por encima de la media de la UE. El 87% manifestó que prefería acceder a contenidos en línea a través de plataformas autorizadas, superior en 5 puntos a la media europea, y un 16% admitió que habían descargado o accedido a transmisiones en directo (streaming), 6 puntos más que la media de la UE.

Frente a las falsificaciones, el 41% de los jóvenes europeos declara “aceptable la compra de falsificaciones si el original es demasiado caro” y, de cara a la piratería, entre los incluidos en el grupo de edad de 15-24 años, un 41% expresó que había pagado para acceder a contenidos de fuentes legales, lo que supone 8 puntos más que en la encuesta de 2013. El porcentaje de encuestados que reconoce acceder conscientemente a contenidos pirateados no ha variado desde 2013: el 27% de los pertenecientes al grupo de edad de 15-24 años y el 10% de todos los encuestados.

Una denuncia de #LaLiga lleva a la detención de siete personas por piratería. https://t.co/4oKI6FdrJT pic.twitter.com/cQdWeWM1JO

— LaLiga (@LaLiga) April 5, 2016

Cálculos nunca fiables cifran las pérdidas por piratería en Internet en los países de la OCDE en 200.000 millones de euros al año porque, como declaró el presidente del Senado, Pío García Escudero, “los medios digitales han generado una preocupante paradoja: han abierto un mundo inédito a la creación artística y su divulgación, pero han originado una mayor vulnerabilidad de los derechos de los autores”, ya que, como ha recalcado el presidente del Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual (OIPI), José Manuel Bravo, “nunca ha habido un acceso al conocimiento como hasta ahora, ni tanta simpatía social por la vulneración de los derechos”.

Hasta tal punto existe una aparente tolerancia que en Europa ha nacido el Partido Pirata, que se declara a favor del acceso totalmente libre a Internet. Uno de sus defensores es el abogado español David Bravo, especialista en propiedad intelectual y derecho informático, elegido en 2009 por la revista Capital en el top 100 de “líderes del futuro” y en 2010, 11, 12 y 13 por el diario El Mundo como uno de los 500 españoles más influyentes. Defensor del acceso libre a la cultura y el conocimiento por Internet y promotor del derecho a la copia privada, al copyleft y las redes de pares (P2P), entre otras herramientas, Bravo sostiene que “la LPI y los artículos que definen los delitos contra la propiedad intelectual en el Código Penal llevan años retocándose para adaptarse a los deseos de la industria de los contenidos y en perjuicio del acceso a la cultura”.

Entre las 250 webs más visitadas en España hubiera 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a esos contenidos

En España, el número de descargas no se puede obtener con certeza porque el Tribunal Supremo ha declarado que la IP de un usuario es un dato personal, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que imposibilita saber el número de estibas ilegales ni tampoco distinguir estas de las legales, ya que los operadores de telecomunicaciones no pueden facilitar esos datos y no son cifras que ofrezcan las webs infractoras. La LPI que critica Bravo ha permitido, según el índice Alexa, que antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), en marzo de 2012, entre las 250 webs más visitadas en España hubiera 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a esos contenidos. El 17 de marzo de 2016 quedaban 12, de ellas 4 con vínculos identificados con España, y estaban en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas, lo que contribuyó a reducir y dispersar ese tráfico. Entre marzo de 2012 y marzo de 2016, la sección segunda de la CPI recibió 458 solicitudes de amparo de titulares de derechos de propiedad intelectual, de las que se resolvió cerca de un 95%, afectando a 267 webs vulneradoras, de las cuales 257 retiraron todos los contenidos identificados que se ofrecían ilícitamente. Se produjeron también 34 casos de ceses completos de actividad (por cancelación de dominio por las autoridades españolas o cierre voluntario de la propia web) y 3 resoluciones de la Audiencia Nacional, autorizando el bloqueo en territorio español de seis webs objeto de actuaciones de la sección segunda de la CPI y según lo resuelto por esta.

Reformas contra la piratería

Este cambio de tendencia, a juicio del ministerio de Cultura, coincide con la entrada en vigor de las reformas legales que se han hecho para combatir la piratería en Internet, facilitar la oferta legal, mejorar los mecanismos de mediación, arbitraje y determinación de tarifas que faciliten la oferta legal y la metodología para determinar las tasas generales en materia de explotación de derechos de propiedad intelectual.

Como vemos, los derechos de autor están pasando al campo agrario: nunca lleve a gusto de todos. Ni lloverá, porque mientras unos ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío. Y en tanto que unos pretenden cobrar de los fondos públicos todo su trabajo, sin importarles lo que ocurra con su obra en Internet, otros pretenden perseguir al delincuente, fomentar los intercambios en plataformas legales y a precios asequibles y restituir con aportaciones del contribuyente, vía presupuestos generales del Estado, el perjuicio ocasionado a autores y editores de libros por las copias privadas de sus obras que realizan los ciudadanos en casa.