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El rechazo de los republicanos al primer gran partido moderno de la derecha española

Una biografía de Gil-Robles examina las “toneladas de reproches ideológicos” lanzadas sobre la labor de los católicos posibilistas en la II República.

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Gil-Robles. Un conservador en la República | Manuel Álvarez Tardío | FAES | 2016

La actuación de José María Gil-Robles durante la II República española estuvo afectada por una insistente campaña de deterioro de su imagen y de su formación política, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), y una ofensiva para impedirle participar en el Gobierno ni siquiera a partir de 1933, cuando ganó las elecciones. Gil-Robles, un conservador en la República (Gota a Gota) es el título del libro escrito por Manuel Álvarez Tardío, al que pertenece el siguiente texto de balance de la actuación del político.

“José María Gil-Robles fue, ciertamente, uno de los principales protagonistas de la política española del novecientos. Su trayectoria pública nos revela la encrucijada a la que se enfrentaron muchos ca­tólicos durante el convulso período de entreguerras. (…) Formó parte de una generación de jóvenes católi­cos que alcanzaron la madurez precisamente en la década de los veinte. Llegó a la política después de un largo proceso de aprendi­zaje en las redes del asociacionismo y el periodismo católicos. Aun­que por tradición familiar y formación académica sus principales ideas políticas eran similares a las de un sector de las derechas ape­gado a la tradición, contrario al individualismo liberal, enemigo de la herencia de la Ilustración y defensor de un Estado confesional, sin embargo, su evolución durante los años veinte introdujo matices muy importantes. El Gil-Robles del año 1931 era más bien un con­servador católico pragmático, cuyas ideas no parecían tan firmes como para impedirle afrontar con flexibilidad los desafíos de un tiempo radicalmente nuevo en la política y la sociedad española. Formaba parte de un grupo de católicos que habían aprendido, en el entorno de los Propagandistas, que tanto ellos como su Iglesia, por muy condicionados que estuvieran por una visión antiliberal de la modernidad, podían sacar mucho provecho de una adaptación progresiva a las oportunidades de la competencia política y la mo­vilización social. Además, para cuando llegó la Segunda República, aunque se lamentaron de la caída de la Monarquía y la defendieron hasta el último momento, también habían quedado algo escarmen­tados con la dictadura de Primo de Rivera, pues si bien ésta había potenciado el peso de los católicos en la educación, también se había valido del sindicato socialista para sus planes corporativos, en detrimento del asociacionismo católico. En el caso de Gil-Robles fue evidente que, pese a sus convicciones monárquicas, consideró que lo ocurrido al Rey Alfonso XIII el 14 de abril no había sido una casualidad sino el fruto de una política equivocada, la de los últimos años del régimen de la Restauración. Él había participado de la ex­periencia del Partido Social Popular poco antes del golpe militar de septiembre de 1923 y, al igual que otros líderes católicos, se em­papó de un populismo regeneracionista que se basaba, en buena medida, en una dura crítica del papel de las elites de la Monarquía -la «vieja política»- y que creía en una reforma profunda de la po­lítica española apelando a la vez al pueblo, a la reforma social, al corporativismo -no necesariamente autoritario, sino de raíces ca­tólicas- y a un poder ejecutivo más fuerte.

Su legado más notable en la historia de la política española contemporánea es el de haber sido el máximo responsable del di­seño, puesta en marcha y dirección del que, sin duda, se puede con­siderar el primer gran partido moderno de la derecha española

La crisis de la Restauración, la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera y la debacle de la Monarquía de Alfonso XIII entre enero y abril de 1931 formaron un compuesto de consecuencias palpables en el caso de Gil-Robles. La desmovilización de una parte del voto conservador y el entusiasmo con que se vivió el cambio de régimen no hacían presagiar nada positivo para los católicos y su Iglesia; había que tomar nota de lo ocurrido en los últimos años y adaptarse a unas circunstancias muy diferentes. Gil-Robles lo hizo en la medida en que, dentro del círculo y la influencia de Ángel He­rrera, se planteó dar una respuesta pragmática a una realidad que prometía serias dificultades para la derecha católica si ésta no se re­organizaba y competía. Su principal logro consistió en canalizar el desconcierto, el miedo y la oposición a las políticas de la coalición de izquierdas -y a ese anticlericalismo que formaba parte de la tra­dición republicana española y que hizo acto de presencia apenas un mes después de proclamada la República- hacia una posición de defensa de los intereses conservadores y católicos que no fuera la de una simple resistencia o inmovilismo numantinos, sino que apelara a la movilización del voto y la reorganización en un contexto de elecciones con sufragio universal y competencia elevada. En ese sentido, su legado más notable en la historia de la política española contemporánea es el de haber sido el máximo responsable del di­seño, puesta en marcha y dirección del que, sin duda, se puede con­siderar el primer gran partido moderno de la derecha española. La CEDA no fue obra suya exclusivamente, pero es incomprensible sin él y sin la potencia de su liderazgo en los años treinta. Pese a las críticas que le dedicaron los monárquicos, que no se cansaron de reprocharle su accidentalismo e incluso su pretensión de reformar la República del 31 siguiendo los cauces legales, no hay duda de la capacidad que demostró Gil-Robles para coordinar la vida interna de su partido y volcarse, como pocos políticos de aquella época, en la organización y la movilización de decenas de miles de simpati­zantes y millones de votantes. (…)

En la tarea de moderni­zar la derecha española y prepararla para la competencia democrá­tica dejó muy atrás a las grandes figuras de la política republicana, como Manuel Azaña, Niceto Alcalá-Zamora e incluso Alejandro Lerroux. La eficacia con la que trabajó para dotar a la derecha ca­tólica de una organización poderosa, debidamente jerarquizada, centralizada y con una presencia territorial homogénea, capaz de ganar unas elecciones como las de 1933, haciendo todo esto en menos de un año, sólo es comparable, en términos de moderniza­ción política, a la fuerza movilizadora y organizativa que demostra­ron los socialistas.

Muy poco se ha reconocido del papel de Gil-Robles antes de la guerra civil, tal vez porque durante mucho tiempo ha predomi­nado una interpretación historiográfica que arrojó toneladas de reproches ideológicos sobre la labor de la derecha católica posibilista

Sin embargo, siempre se ha recalcado más la parte del debe que el haber de Gil-Robles, dado el final abrupto de la política de los posibilistas, que, aunque volvieron a demostrar que eran el partido conservador más sólido y mejor organizado en las elecciones de fe­brero de 1936, terminaron sobrepasados por unas circunstancias en las que resultaba dificilísimo convencer a las derechas de que todavía podía confiarse en un gobierno republicano para mantener el Estado de derecho. Muy poco se ha reconocido del papel de Gil-Robles antes de la guerra civil, tal vez porque durante mucho tiempo ha predomi­nado una interpretación historiográfica -tanto desde sectores de iz­quierdas como de derechas, aunque por motivos diferentes- que arrojó toneladas de reproches ideológicos sobre la labor de la derecha católica posibilista: un partido que utilizó la coartada accidentalista pero que, como los monárquicos, sólo quería destruir la República; un líder apegado a ideas tradicionalistas que despreciaba el parla­mentarismo y aspiraba a movilizar a los votantes derechistas para im­poner un régimen autoritario; una derecha contraria al «reformismo» republicano que se organizó rápidamente para, con ayuda de una Iglesia ultramontana e integrista, defender sus intereses tanto en el terreno de la propiedad como en el de la enseñanza y la religión; y, en fin, un conglomerado de derechistas que encajaron mallas avan­ces introducidos por la Constitución de 1931 y que se aprestaron a utilizar una mezcla de recursos tradicionales (el clientelismo, el fraude electoral, la influencia clerical, etc.) y técnicas modernas para ganar las elecciones y aplicar luego políticas reaccionarias. De este modo, sepultado por su antirrepublicanismo, su vinculación a la Iglesia, su monarquismo disfrazado y su autoritarismo, a Gil-Robles se le ha retratado como un «caudillo» de la derecha radical y el «jefe» de unas juventudes «fascistizadas» al que Alcalá-Zamora hizo bien en no permitir nunca la formación de gobierno. Por decir, se ha dicho también que aprovechó su paso por el Ministerio de la Guerra en 1935 para sentar las bases del levantamiento del 18 de julio y que su condescendencia final con los golpistas no tuvo nada que ver con las circunstancias de aquella primavera sino con su di­simulado autoritarismo.

Sepultado por su antirrepublicanismo, su vinculación a la Iglesia, su monarquismo disfrazado y su autoritarismo, a Gil-Robles se le ha retratado como un «caudillo» de la derecha radical y el «jefe» de unas juventudes «fascistizadas»

Casi nada en esta argumentación es gratuito o fruto de una interpretación simplemente equivocada. Porque, evidentemente, cuanto más se cargan las tintas contra el líder de la CEDA menos motivo hay para escrutar con inteligencia y moderación las verda­deras razones del comportamiento insurreccional y violento de los socialistas en el año 1934 y, por supuesto, más fácil resulta eludir la apasionante cuestión de por qué los grupos de las izquierdas repu­blicanas no condenaron la revolución socialista y catalanista de Oc­tubre de 1934 y terminaron coaligándose con quienes habían violado la ley para ganar las elecciones de 1936, en vez de buscar una convergencia hacia el centro que incluyera a los radicales de Lerroux y reconociera a éstos el esfuerzo de haber atraído a la Re­pública a una parte de los católicos. Descalificando en bloque el papel de Gil-Robles y la compleja política de la CEDA en el se­gundo bienio, so pretexto de ser una táctica para destruir disimu­ladamente la República y acabar con las «reformas» del primer bienio, la cuestión previa tiene fácil, aunque discutible respuesta: tanto los socialistas como las izquierdas republicanas no hicieron otra cosa que defender la democracia del «clericalfascismo» de los cedistas y de la claudicación de Lerroux ante sus postulados reac­cionarios; por su parte, Alcalá-Zamora, al negar a Gil-Robles la pre­sidencia del Consejo de Ministros en diciembre de 1935 y convocar elecciones, habría cumplido con un deber constitucional y contri­buido a cerrar las puertas a la derecha autoritaria. De esta forma, si alguien habría tenido una gran responsabilidad por la quiebra de la democracia republicana fueron las derechas que, poco después, no aceptaron su derrota en las elecciones de febrero de 1936, las mismas que, exagerando sobre la quiebra del orden y el imperio de la ley en la primavera de 1936, hicieron lo que tanto tiempo llevaban planeando, esto es, dar un golpe de Estado y acabar con la demo­cracia republicana.

Gil-­Robles, no exento de polémica, ambigüedad y errores, pero muy lejos de la imagen inequívocamente reaccionaria, fascistizada y au­toritaria proyectada por algunos de sus coetáneos

Sin embargo, desde principios de la década de 1970 ha ha­bido también historiadores que han intentado explicar de forma menos sesgada la complejidad del mundo de las derechas durante la Segunda República, y especialmente el papel que desempeñó Gil-­Robles, no exento de polémica, ambigüedad y errores, pero muy lejos de la imagen inequívocamente reaccionaria, fascistizada y au­toritaria proyectada por algunos de sus coetáneos. Así, se ha insis­tido en que la CEDA, al igual que el PSOE, fue un partido que no cabe clasificar en la categoría de grupos desleales sino semileales. Se ha explicado, también, que su líder se comportó, en términos generales, de acuerdo con el posibilismo y ellegalismo que carac­terizó a su organización, rechazando una y otra vez el uso de la vio­lencia y apelando a la conquista de la voluntad popular a través de las urnas, algo que, en buena medida, le diferenció de no pocos di­rigentes socialistas. Del mismo modo, hace mucho que sabemos que la política cedista es incomprensible sin tener en cuenta no tanto su condición antirrepublicana sino el hecho de que se formó como oposición a una parte (que no a la totalidad) de la Constitución de 1931, por considerar que en ésta no se garantizaban algunos de sus derechos fundamentales. Además, también es conocido que el cor­porativismo y las demandas de un poder ejecutivo más fuerte que expuso Gil-Robles no eran asimilable s a un planteamiento pura­mente fascista o incluso antidemocrático; como en otros conserva­dores de la época, españoles o extranjeros, los presupuestos anti-individualistas, el miedo a la revolución y la defensa de un mo­delo de relaciones Estado-sociedad que combinara participación democrática, libertad individual y corporativismo no implicaba, sin más, una salida autoritaria, al menos no antes del final de la prima­vera de 1936.

La evolución del papel de Gil-Robles (…) confirma (…) una trayectoria compleja y llena de aristas y con­tradicciones, casi siempre incomprensible sin una referencia a las circunstancias y a sus adversarios. El mérito indudable de haber le­vantado desde la nada y en poco tiempo un partido moderno choca, sin embargo, con una notable objeción, lo que es, en realidad, uno de sus principales puntos débiles: construido desde la oposición a una parte de la Constitución y de la política laboral, agraria, militar y secularizadora del primero bienio, la CEDA resultó ser, como todos los movimientos nacidos para negar algo, una organización en la que sus miembros sabían lo que no querían pero no tenían tan claro cómo realizar una política propia, por ejemplo, en materia de reforma agra­ria o de hacienda. En este sentido, el precio que se pagó durante el segundo bienio fue bastante elevado. De hecho, tras la victoria elec­toral de 1933 el primer problema al que se enfrentó Gil-Robles, y no pudo resolver sin un coste importante para su liderazgo, fue la heterogeneidad de su propio grupo y la dificultad que le planteaba man­tener la disciplina cuando había que hacer concesiones en la nego­ciación con sus socios de coalición gubernamental. De la misma manera, no resultó posible conciliar el discurso de justicia social de los cedistas con una política que, de forma coherente, permitiera re­formar a fondo la Hacienda pública y aumentar los impuestos sobre las rentas del trabajo y de la propiedad.

La CEDA no era una organización fascista; como no lo fueron sus juventudes, pese a la radicalización progresiva de su discurso. Tampoco se la puede considerar un partido tradicionalista

Para los monárquicos, el posibilismo de Gil-Robles fue siem­pre un experimento destinado al fracaso, lo que consideraron cer­tificado tras las elecciones de 1936, la evolución de la política en esa primavera, el asesinato de Calvo Sotelo y, finalmente, el levan­tamiento militar del mes de julio. Ya iniciada la guerra civil y du­rante buena parte del tiempo que duró la dictadura, muchas voces del franquismo, y especialmente los falangistas, atribuyeron al líder cedista la responsabilidad de no haber frenado a tiempo el mar­xismo y el separatismo. Por otro lado, para no pocos de los dirigen­tes de las izquierdas que se coaligaron en el pacto del Frente Popular, especialmente socialistas y comunistas, los cedistas eran «clericalfascistas» cuyo único propósito consistía en apoderarse de las instituciones para destruir la República; los consideraron, ade­más, responsables de la represión de Octubre y, por tanto, gentes que habían hecho méritos más que suficientes para ganarse el odio popular, de ahí que resultara comprensible la violencia anticlerical, la detención de centenares de derechistas sin causa justificada, la expulsión de los concejales de esa significación de los consistorios o los ataques a su sedes a partir del 19 de febrero de 1936.

Resulta, así, muy significativo que el primer partido conser­vador moderno y de masas de la historia contemporánea española suscitara tanto rechazo a uno y otro lado de la política de los años treinta. Buena parte del mismo se explica como resultado del recelo que provocó la aparición de un competidor inesperado y eficaz, pues una cosa era defender la democracia y otra practicada, espe­cialmente en las derrotas. Pero también se debió a la ambigüedad ideológica que caracterizó el discurso cedista, necesaria para aglu­tinar a un electorado tan variado y para facilitar el paso de la opo­sición revisionista de la Constitución a la colaboración con el Partido Republicano Radical. La CEDA no era un partido de con­vicciones plenamente democráticas y liberales ni tampoco sus afi­liados habían renegado de sus sentimientos monárquicos. De lo contrario difícilmente habría podido arrastrar tantos miles de votos entre el electorado conservador. Además, había nacido para defen­der los derechos de los católicos y de su Iglesia, por lo que entre sus principales señas de identidad estaba la defensa de la escuela católica y la reforma del artículo 26 de la Constitución, el mismo que las izquierdas consideraban intocable. Sin embargo, la CEDA no era una organización fascista; como no lo fueron sus juventudes, pese a la radicalización progresiva de su discurso. Tampoco se la puede considerar un partido tradicionalista, pues diferentes sensi­bilidades convivían dentro de ella y algunas estaban muy alejadas de esa posición. De hecho, como ya explicara el historiador Javier Tusell, el llamado sector de centro, el más numeroso y fiel a Gil­Robles, fue suficientemente posibilista y pragmático como para moldear sus planteamientos según las circunstancias; de hecho, tal y como se pudo ver en el verano de 1931, estos mismos habrían es­tado dispuestos a aceptar una separación de la Iglesia y el Estado que no conllevara una política de excepción para los católicos y que dejara margen para la educación privada confesional y la presencia pública de la religión, es decir, nada radicalmente diferente de lo que luego, mucho después, aceptaron los socialistas del exilio y lo mismo que, grosso modo, se plasmaría en la Constitución de 1978.

El posibilismo de Gil-Robles no tenía muchas opciones de triunfar si no contaba con alguna confianza o cierta empatía por parte de los sectores moderados de la coalición fundacional del régimen, lo que nunca ocurrió, salvo en el caso de los lerrouxistas

No obstante, siendo importante lo anterior, fue más decisivo el problema de fondo que planteaba la política liderada por Gil­-Robles. Como su propio nombre indica, el posibilismo y el acciden­talismo intentaron canalizar una política conservadora dentro de la República basada en cumplir con las leyes y llegar al poder a través de las urnas, relegando a un segundo plano la cuestión del régimen hasta el punto de abandonar el objetivo de la restauración y poner por delante el de la reforma de la Constitución, todo esto renun­ciando a la violencia. Pero el problema era esto mismo, que el cam­bio de la Constitución, aun cuando no fuera radical, afectaría, caso de lograrse, a la esencia misma de lo que las izquierdas considera­ban la República. Porque los partidos que respaldaron la Constitu­ción de 1931, salvo el Radical, no estaban dispuestos a reconocer que había un sector social amplio que no respaldaba su modelo de República y lo que ellos entendían como reformas indispensables. Cuando la CEDA canalizó ese descontento -más abultado cuanto más se experimentaron los resultados de algunos aspectos de la po­lítica socialista en el mercado de trabajo- y demostró que era capaz de ganar unas elecciones y llevar esas opiniones al Parlamento, la reacción de casi todos sus fundadores fue inequívoca.

De la CEDA no se podía decir lo mismo a finales de 1935, si bien su victoria de 1933, e incluso sus resultados de 1936, fueron brillantes

Así las cosas, el posibilismo de Gil-Robles no tenía muchas opciones de triunfar si no contaba con alguna confianza o cierta empatía por parte de los sectores moderados de la coalición fundacional del régimen, lo que nunca ocurrió, salvo en el caso de los lerrouxistas. Pero si esto se hubiera producido, podría haber conducido, como temían los monárquicos, a una reforma constitucional que consolidara la Re­pública y atrajera a muchos católicos al sistema. En esto pensaban Alejandro Lerroux o Melquíades Álvarez en 1935, pero fueron prácticamente los únicos entre los líderes republicanos que lo vie­ron así, puesto que Diego Martínez Barrio se alejó de esa postura cuanto más se acercó a la izquierda republicana y los socialistas. Ciertamente, la política accidentalista de Gil-Robles tuvo algunas similitudes con lo que luego, muchos años después, llegaría a ser el accidentalismo del Partido Socialista respecto de la conciliación de monarquía y democracia tras el franquismo. Pero si en este segundo caso nada impidió a los socialistas gobernar tras su impresionante victoria en 1982, esto fue porque ellos habían sido parte del acuerdo constituyente y habían dado los pasos necesarios para ser conside­rados un adversario legítimo y leal al sistema. De la CEDA no se podía decir lo mismo a finales de 1935, si bien su victoria de 1933, e incluso sus resultados de 1936, fueron brillantes. Pero no se podía decir lo mismo solamente porque los cedistas tuvieran un compro­miso ambiguo con la democracia o porque no fueran plenamente republicanos, sino porque, entre otras razones, muy pocos de los fundadores de la República pensaron que merecía la pena, al menos con la finalidad de consolidar la democracia, integrar a ese amplio sector del conservadurismo católico que no sólo rechazaba la vio­lencia y mostraba cierta predisposición a la negociación, sino que era, por mucho que ellos entonces no lo vieran -aunque luego, en el exilio, acabaron reconociéndolo claramente- un posible aliado para arrinconar a la derecha radical y, lo que es más importante, para facilitar una convergencia de centros que no hubiera hecho depender la continuidad republicana de los partidarios de la revo­lución o, como mínimo, de una lectura del régimen excluyente”.

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